Por: Francisco Martínez
Una mirada histórica…
A DÍAS de la elección presidencial y de diputados de la Asamblea Legislativa, esta se plantea como un verdadero referéndum, cómo un examen, como un ejercicio de rendición de cuentas ante el soberano que, con su voto, dirá SI o NO avala el trabajo hecho por Nayib Bukele, y, mediante una votación libre, cada ciudadano solo con su consciencia dirá SI avala a Bukele para que ejerza un segundo mandato a partir del 1 de Junio próximo.
De eso se trata esta elección, Nayib con Nuevas Ideas platean continuar y avanzar hasta erradicar el problema de raíz, y desarrollar una agenda centrada en la educación, la salud y la economía; mientras el oposicionismo propone, relajar-desmontar el Plan Control Territorial, suspender el Régimen de Excepción, y, piden votos para frenar y destituir a Bukele. Entre esas dos opciones es que hay que asistir a votar el próximo 4 de febrero.
El oposicionismo, soslaya que transcurrieron treinta años de políticas fallidas en la lucha contra las pandillas, que llevó a que la población en El Salvador se resignara a convivir y sobrevivir con el accionar de estos grupos terroristas y, en los territorios que a fuerza de terror los pandilleros controlaron, miles de personas se vieron sometidas a vivir bajo los códigos que la padilla impuso, particularmente el tétrico “ver, oír y callar”; romperlo acarreaba la muerte. Las condiciones socio económicas de la mayoría de personas en esos territorios controlados por las pandillas se deterioraron, y, en ciertos aspectos se degradó a niveles infrahumanos, esa población fue conculcada de sus derechos fundamentales, en sus derechos humanos; la esperanza en un mañana mejor estaba apagada, la vida diaria era de angustia, fueron comunidades enteras condenadas a estar hacinadas, aisladas, marginadas y estigmatizadas, ante un Estado ausente, ante una élite que se veía la nariz y pasaba de largo; políticos, mercaderes del crimen, y empresarios hicieron de ese sufrimiento un festín, un nuevo negocio.
Miles de personas en esos territorios fueron sometidos a vivir en un infierno, sin derecho a redimirse, a pesar de no ser malas personas sus plegarias desesperadas en medio del tormento de una vida azarosa no encontraban eco. Pero, mantuvieron la fe de que no hay mal que dure eternamente, esa fe, los animaba cada mañana a mantener las ganas de vivir y soportar estoicamente ese tormento con positividad, pero en agonía.
La decisión del Presidente Bukele, de irse al tope en la guerra contra las pandillas, usando todas las herramientas del Estado, haciendo uso del Régimen de Excepción para derrotarlos, desde el 27 de marzo de 2022; al principio, generó incertidumbre, pero al confirmarse que no se trataba de un discurso bravucón más, ver el despliegue de fuerza, la acción coordinada del Estado y el liderazgo de Bukele, hizo que la población sintiera qué esta vez, era en serio. Bukele recuperó la esperanza y la sonrisa de la gente.
De la ingobernabilidad real y el miedo en el que se vivió en El Salvador, estamos en un punto donde los ciudadanos han recuperado la libertad de tránsito, libertad de asentamiento, movilidad por las calles, las plazas, pueden salir de sus casas, conocer y reconocer vecinos, hacer vecindad a cualquier hora, sin pagar la extorsión, tienen a la mano un futuro prometedor. Ello ha recuperado la confianza en las instituciones, por eso es qué la gente está contenta e ilusionada, eso explica este momento esperanzador.
El Régimen de Excepción RE, es una Institución Jurídica, por medio de la cual es factible la suspensión de garantías constitucionales por cualquiera de las causales establecidas, conforme el Art. 29 de la Constitución, implica la suspensión temporal de uno o varios derechos para la ciudadanía. Conforme nuestro ordenamiento jurídico, es potestad del Consejo de Ministros (según artículo 167 ordinal 5° de la Constitución) proponerlo a la Asamblea Legislativa quien conforme el estudio respectivo, y sí a criterio de este Órgano se cumplen los elementos de fondo y forma, lo someta al pleno legislativo para su aprobación en votación nominal y pública por las tres cuartas partes de los Diputados (63/84) de la Asamblea Legislativa por un periodo de 30 días, y prorrogarlo sucesivamente si se mantienen las causas que lo motivan. En la propuesta respectiva, en donde se solicita aprobar por parte de la Asamblea Legislativa el respectivo Decreto de REE., se deben establecer los Derechos Constitucionales que se suspenderán y las medidas que se van a seguir, la fecha en la que entrará en vigencia dicho estado y el tiempo preciso de vigencia; lo cual, cómo podemos corroborar, ha sucedido en la aprobación y sucesivas prórrogas del Régimen de Excepción, puesto que únicamente se han suspendido los derechos constitucionales contenidos en los: art 7 inciso primero art 12 inciso segundo; art 13 inciso segundo; y, art 24;. El art 7 Cn sólo se suspendió en los Decretos 333, 358, 396, 427 y 454 y ya no, a partir del Decreto 476 y las prórrogas siguientes.
Desde 1990 en El Salvador, se aceleró la metamorfosis que transformó a las maras estudiantiles y de barrios en las mafias de pandillas, que crecieron en miembros y en calidad delictiva a nivel sectorial y territorial, mutaron hasta transformarse en Organizaciones Terroristas (con presencia transnacional), tal y como, finalmente en 2015 las definió la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; esto, mientras el Estado se debilitaba y la sociedad se subordinaba.
Las pandillas impusieron su ley, sus “tributos”, dividieron geográficamente el territorio, la gente aprendió a sobrevivir bajo las letras (MS) o bajo los números (18). Los motines carcelarios eran parte de ese entramado. El Estado, sus funcionarios y la sociedad se maniataron sistemáticamente hasta quedar sin respuesta ante el grave problema que se agigantaba, tal bola de nieve que crece hasta impactar.
Desde 1995 (año en que se tuvo de media 22 homicidios por día, situación que se mantuvo por años, hasta ser considerados como país: la capital del crimen), el “fenómeno” de la violencia de las pandillas se convirtió en el principal problema en la percepción ciudadana, transcurrieron 25 años, en un debate estéril, entre qué hacer y qué no hacer, entre acusaciones mutuas, por un lado, los que impulsaron las políticas de mano dura, acusadas de ser de corte autoritario, violadoras del acuerdo de paz y de los derechos humanos; y por otro, los que promovían el garantismo, acusados de buscar privilegiar a los delincuentes con normativas legales, hechas para ciudadanos de países como Suiza, de proteger más a los delincuentes que a los ciudadanos honrados.
Cinco periodos de gobierno transcurrieron, vinieron expertos, se hicieron diversos diagnósticos, se instalaron mesas consultivas, se designaron comisiones, se formularon e impulsaron planes y estrategias, se gastaron millones de dólares y se adecuaban las instituciones; pero el resultado fue un fracaso constante. Las pandillas crecían y la gente sufría.
La pandilla fue mutando en el marco de la crisis social y la guerra civil a formas de violencia juvenil organizada, estructurada en “regimientos” para delinquir, que progresivamente pasaron de usar cinchos, piedras y hondillas, al uso de armas blancas, armas de fuego y explosivo casero. Y gradualmente complejizaron su accionar delictivo y sus estructuras.
Esos enfrentamientos trascendieron de ser “rivalidades pueriles” a enfrentamientos por control de territorios cómo áreas bajo control para el cometimiento de diversos tipos de delitos, influenciado y dinamizado este fenómeno por las deportaciones masivas de pandilleros desde Estados Unidos, que aceleraron esa mutación a principios de los años 1990, este auge fue en paralelo al proceso de la negociación política para terminar la guerra civil.
La fuerza y atractivo de las pandillas era el alto grado de impunidad, casi total; también, su conexión con el “norte”, con las mafias y cárteles de México y Estados Unidos, su accionar se volvió de tipo transnacional, ese era el poder ofrecido, se impuso una nueva cultura orgánica con nuevos valores, una militancia delictiva, nuevos objetivos y modus operandi. La orden era que no se elevaran las alarmas que atrajera la fuerza policial, “delinquir sin calentar las zonas de control”, para no perjudicar “los negocios criminales”. Violar ese “lineamiento” era objeto de severos castigos.
La izquierda no entendió lo que sucedía, apeló mecánicamente a las causas estructurales, a la injusta distribución de la riqueza y su enfoque fue, que sólo si estas cambiaban se superaría este problema de “violencia juvenil”; estaban desfasados de las nuevas realidades socio urbanas y del crimen organizado y transfronterizo.
La derecha estaba interesada en el dinero y priorizaba su momento de poder para asegurar su patrimonio con el nuevo modelo de desarrollo de promoción de exportaciones, promovido como la solución al pasado y la respuesta al futuro. Ese modelo fracasó rápido en los primeros años de gobierno de Armando Calderón Sol (1-06-1994/1-06-1999); lo que si se exportó/expulsó deliberadamente, fueron personas que sin oportunidades de inserción económica y ante el creciente acoso de las pandillas optaban por huir al exterior, principalmente hacia Estados Unidos.
Se gestó un ciclo perverso: crisis de oportunidadesèexpulsión de la comunidad/paísèemigraciónèremesasèdesarraigoèfamilias disfuncionalesèmenores sin cuido o bajo el cuido alcahueto de parientesèdeportaciónèviolencia juvenil y crimenèausencia del Estadoèrepresiónè…
Cada vez, el Estado era más ineficaz en su lucha contra las pandillas, hasta que se llegó a una situación de total fragilidad, en la que la Institucionalidad pública se vio obligada ilegalmente a pactar-negociar-transar con las pandillas y a reconocer su organización criminal, otorgando prebendas y cediendo territorio, comprometiendo la soberanía nacional.
Las pandillas tal hiedra venenosa, coparon rápido ese espacio que el Estado dejaba y generaron la condición de doble poder, configuraron un Estado dentro de otro Estado. Los grupos de pandillas desarrollaron nuevas formas de accionar, nuevas estrategias económicas, nuevas relaciones con el poder: cooptándolo e infiltrándolo, creando y desarrollando recurso humano técnico para su intermediación y representación, incluso, impusieron la creencia de que, sin ellas, nadie ganaba una elección política.
Algunos funcionarios promovían que las pandillas debían convertirse en fuerza política legal (una analogía perversa, de lo que fue la solución de la guerra civil) y que tuvieran su cuota de representación institucional; si se ven los mapas de incidencia y control de territorio por las pandillas, pudieron convertirse en una de las fuerzas mayoritarias, sino la más.
En su desarrollo criminal, las pandillas se preparaban para convertirse en cártel internacional, ya no subcontratados del crimen internacional. Se desarrolló una industria nueva alrededor de esta situación criminal, se estima que cerca del 16 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) del país, se destinaba a sufragar los efectos del accionar delictivo de las pandillas.
No se atendieron las alertas tempranas de aquellas peleas de los juegos deportivos estudiantiles y las riñas callejeras de final de los años 80’s; puesto que el país tenía un problema mayor que resolver: la guerra civil. Tampoco se prestó atención a los vínculos nuevos entre aquellas maras estudiantiles con las “gangs” de deportados que venían estructurados en clicas y con una cultura de marcada violencia criminal y de organización piramidal con mandos y subalternos para delinquir.
Fue necesaria una revolución electoral, en que Nayib Bukele y su movimiento Nuevas Ideas ganaron, primero, en febrero 2019, la contienda electoral por la presidencia de la república, en primera vuelta y con el apoyo amplio de la población, derrotando sin lugar a dudas al bloque político gobernante de ARENA y FMLN; y, segundo, después de enfrentar meses de torpedeo por parte de la oposición al gobierno, que obstaculizaba el manejo de la pandemia y especialmente se oponía al impulso del Plan de Control Territorial, en febrero 2021, Nuevas Ideas ganó el apoyo mayoritarios del pueblo y obtuvo las mayorías legislativas y municipales, suficiente para impulsar con legitimidad social una estrategia de seguridad ciudadana basada en el Plan Control Territorial, PCT.
Para consumar ese propósito fue necesario la adopción, conforme lo dispone la Constitución en el Artículo 29, del Régimen de Excepción. Medida iniciada desde el 27 de marzo de 2022 y prorrogada hasta la fecha por 22 veces sucesivamente, conforme lo establece la Constitución (Art´s 29 y 30 Cn).
En su ejecución, la fuerza pública ha enfrentado, aislado, desplazado hasta derrotar estratégicamente a los grupos terroristas de las pandillas; esta batalla requería de un liderazgo firme, una estrategia política coherente, un plan táctico-operativo, un presupuesto especial y la articulación del poder coercitivo del Estado (la fuerza de coerción de la PNC, con el apoyo de las Fuerzas Armadas; la acción de inteligencia policial y de seguridad nacional; el fortalecimiento de la Fiscalía General de la República y la actuación coherente con este enfoque, del sistema judicial, que evitara las famosas “puertas giratorias” de la impunidad que gozaban los criminales; combinados con acciones de recuperación del tejido social). Una guerra contra las pandillas fue necesaria para recuperar el poder y control del Estado en los territorios ocupados y gobernados por las pandillas.
Un problema delictivo que llegó a normalizarse cómo parte de la vida cotidiana tiende a olvidarse e ignorar su génesis, su evolución, la mutación delictiva, la cooptación de funcionarios del Estado, la articulación de una red económica criminal, los picos y valles deliberados o por la acción del Estado u otros actores locales y externos. Por eso hay que tener siempre en mente, que pasó, por qué pasó, quienes lo permitieron y quien lo ha resuelto.
Desbaratada la delincuencia, hay que enfrentar los problemas del desarrollo humano, atender las brechas de inclusión, las inequidades, las injusticias, la falta de oportunidad en igualdad de condiciones, la inserción de jóvenes y mujeres; es momento de asumir el reto por la libertad, el desarrollo económico sostenible y por la justicia social.
Tal como lo demuestra la experiencia salvadoreña, es preciso formular un buen plan de políticas acordes a la real situación, incluso medidas excepcionales ante eventos excepcionales, y, saber combinar las acciones de prevención, de combate al crimen, de rehabilitación y de reinserción para contrarrestar eficazmente, el delito y a los delincuentes.
Se requiere, actuar con eficacia ante los hechos delictivos, controlar, perseguir y castigar a los criminales; impulsar estrategias particulares con base a la evidencia científica y al análisis criminal; desarrollar programas de prevención del delito con participación ciudadana, eliminando causas posibles, reduciendo factores criminógenos y elevando el costo de delinquir; y, sobre todo, trascender a la proactividad frente al crimen, desarrollando capacidad, conocimiento e inteligencia para la predicción, identificando, monitoreando, neutralizado delincuentes prolíficos y organizaciones criminales.
El Salvador, ha recuperado la paz, con seguridad y confianza en el estado de derecho. Los ciudadanos se han sentido empoderados, e igualmente, han recuperado sus espacios y la confianza en las instituciones. Las diferentes reformas a las leyes en materia criminal y la conducta institucional han contribuido a eso y, eso es lo que está en juego de las próximas elecciones. Continuar y avanzar, o, regresar al pasado.
Entonces, no hay de otras, el próximo 4 de febrero hay que ir a votar; y, cada quien, frente a su sola conciencia, debe democráticamente decidir su voto. Votar consciente sobre el futuro de este país o retroceder.
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