Las finanzas de los hogares salvadoreños cuentan con mayor protección con la aprobación de reformas que la bancada de Nuevas Ideas, con mayoría en el congreso, impulsó desde la comisión financiera y aprobó en el pleno legislativo como parte del trabajo del año anterior, en sintonía con la visión de Gobierno del presidente Nayib Bukele para proteger el bolsillo de los salvadoreños, principalmente de los más necesitados, y evitar los abusos y la aplicación de cobros excesivos por los servicios.
Dania González, presidenta de la comisión financiera y diputada de Nuevas Ideas, explicó que cuando tomaron el cargo, en mayo de 2021, encontraron grandes deficiencias en el sistema financiero que perjudicaban a la mayoría de los usuarios.
«El nivel de exclusión era bastante alto, era de más del 70 % de la población que estaba excluido del sistema financiero. A este sector se le vulneraban sus derechos debido a que el sistema financiero no se adaptaba a las condiciones reales de la mayoría de la población, y parecía que solo muy pocos o los privilegiados podían acceder a este», consideró González.
También descubrieron que el método de pago más utilizado en El Salvador es por transacciones electrónicas, por lo que era indispensable que la población tuviera al menos una cuenta de ahorros.
El trabajo de la comisión financiera con la legislatura 2021-2024 destacó el año anterior con la aprobación de cuatro dictámenes de reformas de las leyes a favor de la población. Estos fueron denominados «actos de justicia financiera».
El primero se relaciona con las modificaciones de la Ley de Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial de Crédito de las Personas para quitar las barreras creadas para un sector que ya estaba en el sistema crediticio, pero que fue excluido por la deficiente comunicación entre los burós de crédito, los agentes económicos, las casas de comercio y la ciudadanía.
Con un pliego de cerca de 20 reformas se fortaleció el resguardo de las bases de datos de los usuarios del sistema financiero, se facilitó el acceso gratuito a esas bases de datos para los clientes y se simplificó la gestión de los burós de crédito.
El segundo se vincula a las reformas en la Ley de Tarjetas de Crédito con el objetivo de eliminar el pago de membresía por uso y tenencia, ya que se identificó que el 90 % de los tarjetahabientes cuenta con límites de crédito inferiores a los $2,000.
«La membresía podía ir de entre $25 y $250 al año; esta práctica quedó regulada totalmente. La población se está ahorrando, hoy por hoy, toda esa cantidad de dinero que puede invertir y ocupar en otras necesidades», consideró la diputada González.
También se eliminaron algunas prácticas de las entidades financieras, como preaprobar tarjetas de crédito y enviarlas sin que la población las solicitara, se eliminaron los cobros por sobregiro cuando no son a consecuencia de una compra y se estableció un horario de oficina para que las entidades financieras se comuniquen con los clientes.
El tercer «acto de justicia» se relaciona con las reformas de la Ley contra la Usura para que ninguna entidad financiera cobre intereses arriba de los legalmente establecidos.
Esto debido a un vacío en la normativa, la cual no establece la manera en que se definen los segmentos crediticios, que quedan al arbitrio de la entidad, y de eso dependía el porcentaje de interés que pagaría cada cliente.
«Estos intereses son regulados por la Ley contra la Usura con un multiplicador de 1.6; va a variar dependiendo de la demanda y la oferta. No son fijos, sino que son supervisados y regulados también por el Banco Central de Reserva (BCR). Irá dependiendo del contexto. Cada seis meses es publicado por parte del Banco Central de Reserva», explicó la presidenta de la comisión financiera. Esta tabla que publica el BCR también la aplica el Ministerio de Vivienda, que otorga créditos.
«Si lo vemos de forma objetiva incluso el 1 % de la tasa de interés que se regule ya tiene un impacto en la economía de la familia», indicó la diputada González.
El cuarto logro se relaciona con la reforma del artículo 20 de la Ley de Facilitación de Inclusión Financiera para incluir a más personas en el sistema, lo que permite que desde los 16 años se pueda abrir una cuenta de ahorros con el carné de minoridad o la partida de nacimiento, ya sea en una agencia o en línea. Además, se eliminó el monto mínimo para abrir una cuenta de ahorros.
«Bajo esta medida también incluimos a la diáspora con su DUI, su pasaporte o su carné de residencia, que puede abrir una cuenta de ahorro desde cualquier parte del mundo en el banco de su preferencia, y empezar la relación comercial con cualquier banco. Recordemos, nuestra diáspora está dispuesta a retornar. Seis de cada 10 salvadoreños tienen esa intención, y medidas como la ley de facilitación de inclusión financiera les abre las puertas en el sistema financiero», señaló.
Como resultado de estas modificaciones, el Estado ha protegido los derechos financieros colectivos en dos casos específicos: uno mediante la Fiscalía General de la República, con el embargo de una cuenta de $300,000 de una empresa telefónica por compartir la base de datos de los usuarios con terceros.
El segundo estuvo a cargo de la Defensoría del Consumidor, la cual atendió y ganó una demanda colectiva de más de 100 personas por $250,000.
Según la diputada cian, todas las regulaciones constituyen «actos de justicia» para con la población y se lograron debido a la correlación de fuerzas políticas en la Asamblea Legislativa, encabezada por Nuevas Ideas.
«Nosotros, los 56 diputados de la bancada cian, hemos dado nuestro voto a favor de todas estas iniciativas. Sin esa gran mayoría que tenemos no sería posible lo que hoy hemos logrado», afirmó.
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Redacción El Pueblo 