El Gobierno corrupto del FMLN, bajo la administración del prófugo Mauricio Funes (2009-2014), no solo será recordado porque respaldó en todo momento la tregua entre pandillas, sino porque también concedió a estos grupos criminales la categoría de «Estado paralelo» para que los mareros asesinaran, extorsionaran, robaran, violaran y cometieran delitos en contra de la población con total impunidad.
Consecuentemente, las repercusiones de negociar con los mareros también se hicieron sentir en el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), con el cual, debido al registro histórico de homicidios en 2015 (6,656 asesinatos), el país encabezó la lista de naciones más violentas y peligrosas del mundo, con una tasa de 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes; actualmente, bajo la gestión del presidente Nayib Bukele, la tasa se redujo a 2.4 y el país dejó de formar parte de esa lista.
En recientes declaraciones, el ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Villatoro, aseguró que «el legado de Funes fue haber dado reconocimiento a una organización criminal y terrorista hasta convertirse en un Estado criminal paralelo».
Durante la presentación en 2023 del informe de resultados del plan de seguridad, el ministro Villatoro explicó que la impunidad con la que estos criminales actuaban creó condiciones de un Estado paralelo controlado por pandillas, en tanto que los gobiernos de ese momento representaron un Estado fallido.
«El deshonroso 2015, con 106.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, nos colocó como el país más violento del mundo, incluso de aquellos países que estaban en guerra. Eso era lo que el Gobierno de Sánchez Cerén llamaba en aquel momento Estado de derecho. Es mentira. Era el Estado criminal paralelo el que gobernaba este país», asegura el ministro.
Los datos oficiales revelan que 12,000 pandilleros estaban fichados por la Policía hasta 2009, pero al cierre de los 10 años de los gobiernos del FMLN (mayo de 2019) la cifra de pandilleros se quintuplicó y superó los 70,000 terroristas. La violencia homicida de las pandillas se volvió imparable en esa década.
Al cierre de la presidencia de Funes, el número de pandilleros superó los 32,000, mientras que al finalizar la gestión de Sánchez Cerén había 75,000, según registros policiales.
Una de las caras más visibles de la tregua fue Raúl Mijango (fallecido en agosto 2023), quien, al igual que el exministro de la Defensa David Munguía Payés, fue acusado de promover este pacto; este último lo presentaba como «política de Estado».
El fiscal general, Rodolfo Delgado, se refirió a estos encuentros: «De Raúl Mijango aprendieron [las maras] a dejarlos “sembrados”, que no era más que dejar enterrados en cementerios clandestinos a las víctimas, a los desaparecidos en la tregua», dijo.
El 25 de septiembre de 2013, Mauricio Funes justificó la tregua entre criminales ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al referirse que se trató de «un pacto de no agresión entre las dos principales pandillas juveniles del país, del cual el Gobierno solo ha sido facilitador, [sino que] ha creado las condiciones mínimas para reducir los niveles de violencia pandilleril en los lugares más afectados por este fenómeno».
En aras de ganar las elecciones presidenciales de 2014, ARENA y el FMLN buscaron el favor de las maras para obtener votos.
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