Los jueces de sentencia de todo el país, han sido duros y aplicaron la ley contra depredadores sexuales y sus acciones han sido sancionadas con penas de hasta 58 años y ocho meses de cárcel.
Entre el 1 de enero y 22 de febrero de 2024, la Fiscalía General de la República ha publicado informes de 52 condenas por delitos relativos a la libertad sexual que tribunales de sentencia han impuesto, la mínima fue de ocho años de cárcel.
Entre los casos destacan cinco sentencias con penas de 37 a 58 años y ocho meses, pero hay otras 22 condenas con prisión de 20 a 30 años por delitos sexuales cometidos en municipios de 13 departamentos, el único que no registra es La Unión.
San Salvador, es el departamento con mayores condenas, los seis tribunales de sentencia emitieron nueve resoluciones, cuatro de esos hechos fueron en Apopa, tres en San Salvador y los otros en Ciudad Delgado y Cuscatancingo.
La Libertad, es el segundo departamento con más condenas, en los casi primeros dos meses hubo ocho resoluciones emitidas por los tribunales de Sentencia de Santa Tecla.
De Colón y Santa Tecla, llegaron dos casos respectivamente, los otros provenían de Nuevo Cuscatlán, Quezaltepeque, Huizúcar y Chiltiupán.
La Fiscalía General de la República también ha reportado que Santa Ana y Usulután, tuvieron siete condenas cada uno, luego aparece Chalatenango con seis, cuatro en San Vicente, Sonsonate con tres, Ahuachapán y La Paz con dos; mientras que los departamentos de Cabañas, Cuscatlán, San Miguel y Morazán, registraron una condena.
Los jueces encontraron responsabilidad por delitos como agresión sexual en menor e incapaz, violación en menor e incapaz agravada, cómplice no necesario en el delito de violación en menor o incapaz y violación agravada, en la mayoría fue en modalidad continuada.
Mayoría de víctimas son menores de edad
De las 52 condenas, dictadas por los tribunales de sentencia, 51 casos las víctimas son menores, solo uno de los hechos fue en perjuicio de una mujer en el municipio de Berlín, departamento de Usulután.
Las diversas oficinas fiscales presentaron en las vistas públicas pruebas que al ser valoradas por los jueces no dejaron ninguna duda sobre los vejámenes que los agresores y violadores sexuales cometieron.
Se incorporaron las denuncias de los hechos, peritajes psicológicos sobre las secuelas causadas a menores, exámenes de genitales realizados en el Instituto de Medicina Legal y las declaraciones de las víctimas.
Por ser menores de edad, la Fiscalía junto a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) adoptaron herramientas especiales para no caer en la revictimización y acudieron a rendir testimonio en cámaras Gesell.
Niños, niñas y adolescentes comparecieron a declarar a través de este mecanismo y rindieron sus testimonios en un espacio no hostil, donde fueron atendidos por un equipo multidisciplinario que les sustrajo la información útil para los fiscales y descriptivo para los jueces.
Lo dicho por las víctimas mediante las cámaras Gesell fue clave en los juicios ya que los tribunales conocieron todos los detalles del delito que fueron víctimas.
En sus declaraciones manifestaron que los imputados aprovechaban los momentos en que se quedaban solos para cometer los abusos. En varios casos las victima dijeron que las amenazaron para que no informaran a sus padres o parientes.
Según las investigaciones, hubo sujetos que se valieron de la confianza que existía con la familia de las menores para llegar a la casa y cometer las violaciones, agresión sexual y tocamientos inapropiados.
La menor condena por delito sexual fue de ocho años y también fue la primera de 2024, la emitió el Tribunal de Sentencia de Sensuntepeque, Cabañas, en contra de Rudy Jonás Galdámez Morales, por agresión sexual en menor e incapaz en perjuicio de una niña.
Los hechos ocurrieron el 21 de enero de 2023, en el municipio de Victoria, Cabañas; el imputado agredió a la menor de nueve años se encontraba a solas y alimentaba unas aves en el patio de un familiar.
Y la mayor condena fue impuesta a Élmer Antonio López Trejo, recibió 58 años y 8 meses de cárcel por violación en menor o incapaz y agresión sexual en menor o incapaz, ambos con calificación agravada y modalidad continuada, en dos niñas de seis y ocho años.
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