Las dos monjas españolas excomulgadas que permanecen en el centro de un prolongado conflicto con el Vaticano fueron brevemente detenidas por las autoridades judiciales de la provincia de Burgos, en España, bajo sospecha de haber participado en la venta ilegal de obras de arte sacro pertenecientes a la Iglesia. El Tribunal de Instancia de Briviesca confirmó que ambas exreligiosas están siendo investigadas por un delito de apropiación indebida de bienes de interés cultural, aunque obtuvieron la libertad provisional mientras avanza el proceso.
Junto a ellas, también fue liberado provisionalmente un anticuario que habría recibido algunas de las piezas presuntamente sustraídas del convento de Santa Clara, ubicado en el pequeño pueblo de Belorado. Este recinto, fundado en el siglo XV, ha sido el escenario de un tenso enfrentamiento entre la Iglesia católica y el grupo de religiosas desde 2024, cuando fueron excomulgadas por romper oficialmente con la Santa Sede.
El tribunal no ofreció mayores detalles sobre las obras presuntamente vendidas, pero medios españoles como El País señalaron que la Guardia Civil registró el convento con el propósito de verificar si las exmonjas participaron en la comercialización irregular de patrimonio religioso, y esclarecer el posible destino de las piezas.
A pesar de haber sido expulsadas de la Iglesia y recibir una orden judicial para abandonar el convento en agosto, las exmonjas permanecen en el lugar, argumentando que el conflicto tiene raíces inmobiliarias. Según ellas, el Vaticano bloqueó su intento de adquirir otro convento, lo que desencadenó el rompimiento con Roma. En un hecho sin precedentes, el grupo calificó al papa Francisco de “usurpador”, lo que provocó su excomunión inmediata.
El escándalo adquirió notoriedad nacional e internacional, pues las religiosas fueron señaladas de adherirse al sedevacantismo, una corriente que considera herejes a todos los papas posteriores a Pío XII, y que ha sido calificada como un movimiento de características sectarias por autoridades eclesiásticas.
Mientras el caso continúa en los tribunales, la atención está puesta en el estado del patrimonio artístico y religioso del convento, y en si se logró extraer y comercializar piezas de valor histórico y cultural sin autorización. La investigación sigue en curso y podría escalar hacia un proceso por delitos contra el patrimonio cultural, cuyo castigo es especialmente severo en España cuando involucra bienes eclesiásticos y de interés nacional.
El Pueblo Redacción