El Gobierno del presidente, Nayib Bukele, ha logrado transformar el sistema penitenciario de El Salvador, tanto así que hasta la fecha no se han registrado amotinamientos debido a que el Estado tiene el control total de todas las prisiones, principalmente, de aquellas catalogadas de máxima seguridad donde han sido encarcelados más de 75,000 pandilleros durante el régimen de excepción.
Atrás quedaron los días cuando en los gobiernos de ARENA y el FMLN la mayoría de los centros penitenciarios, que en esas épocas eran controlados por las estructuras criminales, se caracterizaron por los constantes amotinamientos, como el ocurrido en agosto de 2004 en penal La Esperanza, conocido como «Mariona», donde 30 reclusos fueron asesinados y más de una veintena resultaron lesionados por una disputa entre bandas internas.
Dos años antes, en diciembre de 2002, dos policías fueron tomados de rehenes y luego asesinados por privados de libertad de ese mismo centro penal durante un motín que, además, dejó 17 lesionados entre custodios y reclusos. Bajo los gobiernos pasados en el sistema carcelario se llegaron a registrar hasta 56 fugas de criminales por año que no eran reportadas a la Policía.
Con la tregua entre pandillas, las autoridades de turno concedieron todo tipo de privilegios a los mareros para garantizarles una estancia placentera en centros penitenciarios sin ningún tipo de rigurosidad carcelaria, contraria a la que actualmente están siendo sometidos.
GOBIERNOS PASADOS DIERON BENEFICIOS CARCELARIOS A MARAS
La corrupción y el libertinaje a la que los gobiernos anteriores sometieron el sistema penitenciario profundizaron aún más la crisis, pues otorgaron el control absoluto a las pandillas, a tal grado que hasta les organizaban fiestas, con bailarinas y trabajadoras del sexo, amenizadas por discomóviles que duraban incluso hasta tres días.
Estos hechos sucedieron en septiembre de 2012, en pleno apogeo de la tregua criminal que promovió el gobierno corrupto de Mauricio Funes; actividades como un show de bailarinas fueron registradas en el penal de Izalco, departamento de Sonsonate.
En febrero de 2015 un nuevo escándalo desató críticas debido a que, en el penal de San Francisco Gotera, Morazán, habían instalados 40 televisores con pantalla tipo plasma y que los prisioneros tenían hasta consolas de videojuegos, todo fue decomisado durante requisa, al igual que 45 celulares y droga. Ese mismo mes, dos custodios de ese centro penal fueron asesinados por estos grupos.
TRANSFORMACIÓN HISTÓRICA DEL SISTEMA PENITENCIARIO
En octubre de 2022, el director de Centros Penales, Osiris Luna, aseguró que anteriormente las cárceles llegaron a ser centros de operaciones de las pandillas, pero que eso cambió cuando se puso en marcha la estrategia de seguridad del actual Gobierno.
«Definitivamente, desde el inicio del Plan Control Territorial tomamos el control de las cárceles y hasta este día no hemos tenido ningún amotinamiento, ni ningún conato de violencia por riñas dentro de los penales y eso es algo a destacar porque antes era el día a día, las cárceles eran sus grandes centros de operaciones», afirmó el funcionario.
Hasta el cierre de 2023 y lo que va del 2024 no han ocurrido hechos violentos en ninguna prisión del país, por el contrario, se ha destacado el trabajo de los reos en fase de confianza al brindar mantenimiento en centros de salud, sedes policiales y escuelas. Mientras que los cabecillas de grupos terroristas están encarcelados en el Centro del Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
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