Durante el gobierno de Alfredo Félix Cristiani Burkard, del partido ARENA, surgieron las primeras pandillas estudiantiles en El Salvador. Sin embargo, tanto su administración como las posteriores mostraron una actitud «indiferente y permisiva» ante este fenómeno, que con el tiempo derivó en una ola de violencia que posicionó al país entre los más violentos del mundo, según coincidieron los sociólogos René Martínez y Mauricio Rodríguez.
Martínez sostuvo que las maras estudiantiles fueron promovidas como parte de una “guerra social entre pobres”, y que no solo se multiplicaron, sino que también evolucionaron hacia estructuras criminales con características terroristas.
Rodríguez, por su parte, recordó que estos grupos comenzaron a formarse tras el fin del conflicto armado en 1992, protagonizando enfrentamientos en las calles. Cuestionó la falta de acciones concretas por parte del gobierno de turno para abordar el problema, lo cual permitió su expansión.
En mayo de 1994, al final de su mandato, Cristiani sancionó la Ley del Menor Infractor (posteriormente Ley Penal Juvenil), que planteaba un régimen especial para menores infractores con enfoque en la protección, pero su entrada en vigor se retrasó hasta marzo de 1995 debido a otro decreto legislativo.
Rodríguez también señaló que las pandillas estudiantiles sirvieron de base para la incorporación de pandilleros deportados desde Estados Unidos, quienes aprovecharon e integraron a los jóvenes en sus estructuras. Martínez añadió que esto permitió el crecimiento acelerado de las maras.
Durante el mandato de Armando Calderón Sol, segundo presidente de ARENA, tampoco se logró contener a las pandillas, a pesar de que en 1996 se aprobó la Ley Transitoria de Emergencia contra la Delincuencia y el Crimen Organizado. Esta ley incluía sanciones por agrupaciones delictivas y un tratamiento especial para menores de 14 a 19 años. Aun así, estas acciones no lograron frenar el avance de las pandillas juveniles.
Finalmente, Martínez concluyó que los gobiernos de ARENA mantuvieron una postura indiferente ante las maras estudiantiles por conveniencia política y por falta de verdadero compromiso con el bienestar del pueblo.
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El Pueblo Redacción