El presidente boliviano, Rodrigo Paz, decretó el estado de excepción en todo el territorio nacional y ordenó la movilización inmediata de las Fuerzas Armadas y la Policía. La medida extrema responde a más de seis semanas de protestas intensas y bloqueos de carreteras promovidos por indígenas aimaras y sectores campesinos. El mandatario justificó la intervención militar asegurando que el país enfrenta un intento de golpe de Estado financiado por el narcoterrorismo.
La decisión presidencial se tomó apenas horas después de que el Gobierno de centroderecha alcanzara un acuerdo de pacificación con la Central Obrera Boliviana (COB) para levantar las medidas de presión. Sin embargo, facciones radicales como la Federación Túpac Katari y los grupos cocaleros leales al expresidente Evo Morales rechazaron el pacto, calificándolo de traición. Estos sectores determinaron mantener y radicalizar cerca de medio centenar de piquetes de huelga viales en puntos estratégicos.
Las movilizaciones sociales comenzaron a principios de mayo debido a una huelga general que exige soluciones urgentes ante la crisis económica más grave que sufre el país en cuatro décadas. Los manifestantes rechazan también la comercialización de combustibles de mala calidad y exigen la renuncia del presidente Paz. El conflicto ha provocado violentos choques con las fuerzas del orden en La Paz y El Alto, generando desabastecimiento de alimentos, medicinas y carburantes.
El nuevo decreto ejecutivo tendrá una vigencia máxima de 90 días y otorga facultades para restringir de manera temporal los derechos constitucionales de circulación, locomoción y reunión. El documento legal deberá ser remitido en las próximas horas al Congreso boliviano para su respectiva ratificación. Mientras tanto, el expresidente Evo Morales permanece oculto en la región del Chapare para eludir una orden de captura por un caso penal que califica de persecución política.