El Presidente de la República, Nayib Bukele, afirmó de forma categórica que el antiguo sistema legal, heredado de la Europa de la posguerra, ha dejado de ser funcional en la realidad actual. A través de sus canales oficiales, el mandatario explicó que los sistemas jurídicos responden a contratos sociales que, por naturaleza, son dinámicos y varían según las necesidades de cada sociedad. Esta declaración surge como respuesta a la cobertura de agencias internacionales sobre los juicios virtuales masivos que se desarrollan desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) contra cabecillas de pandillas.
Bukele rechazó las críticas de diversas oenegés y medios de comunicación que señalan presuntas irregularidades en estos procesos colectivos. El mandatario aclaró que El Salvador no está inventando un sistema nuevo, sino aplicando la doctrina de «responsabilidad de mando». Según detalló, este es un principio del derecho internacional que permite procesar a los líderes de una organización por los crímenes cometidos por sus subordinados, un estándar que fue fundamental para impartir justicia durante los Juicios de Núremberg tras la Segunda Guerra Mundial.
La postura del Presidente también incluyó un intercambio directo con Kenneth Roth, exdirector de Human Rights Watch, quien tildó de «injusto» el juicio de 486 presuntos miembros de pandillas. Bukele cuestionó la lógica de los organismos internacionales al señalar un posible doble rasero: «¿Estás en contra de los juicios de Núremberg también? ¿O solo aplicas la lógica de ‘está bien para mí, pero no para ti’?», increpó el mandatario, defendiendo la soberanía jurídica de El Salvador para adaptar sus leyes a la erradicación del terrorismo.
Finalmente, el Gobierno reafirma que el uso de tecnología para juicios virtuales y el procesamiento por estructuras son herramientas necesarias para desmantelar organizaciones criminales complejas. Para Bukele, aferrarse a sistemas legales obsoletos que no garantizan la seguridad de los ciudadanos es un error que El Salvador ya no está dispuesto a cometer. Con la aplicación de estas doctrinas internacionales, el Estado busca garantizar que los cabecillas de las pandillas asuman la responsabilidad penal por décadas de violencia, consolidando así el nuevo modelo de justicia nacional.