El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador se prepara para instalar, a finales de este mes de abril, una audiencia histórica contra 492 cabecillas de la Mara Salvatrucha. Este proceso judicial, que se desarrollará de forma virtual desde diversos centros penales, agrupa a los mandos más altos de la estructura criminal, incluyendo a 24 miembros de la denominada «ranfla histórica», 215 ranfleros y 253 corredores de programas. Los imputados enfrentarán la justicia por una vasta red de crímenes cometidos entre los años 2012 y 2022.
La Fiscalía General de la República (FGR) ha presentado un robusto expediente que supera los 37,000 folios, donde se detallan 37,402 delitos consumados. La acusación es integral: además del delito de agrupaciones ilícitas que enfrentan todos los procesados, se les imputan cargos de gravedad extrema como homicidio agravado, desaparición de personas, extorsión, actos de terrorismo y rebelión. Las investigaciones revelan que los cabecillas coordinaban desde el tráfico de armas y personas hasta la distribución de droga a escala regional.
Uno de los aspectos más oscuros que revelará el juicio son los métodos de ejecución utilizados por la estructura, entre ellos el denominado «H1». Según las indagaciones fiscales, esta estrategia consistía en el asesinato sistemático de víctimas para su posterior entierro en cementerios clandestinos, una práctica utilizada para evadir los registros oficiales de homicidios. El Ministerio Público señala como responsables directos a los corredores de los 32 programas de la pandilla, quienes ejercían el control operativo en los territorios y coordinaban estas acciones violentas.
Finalmente, el proceso abarca tanto a delincuentes capturados durante el régimen de excepción como a aquellos que cumplen condenas previas en penales de máxima seguridad como Zacatecoluca, Izalco y el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT). Asimismo, la justicia salvadoreña procesará a mandos que han sido ubicados en México, Estados Unidos y otros países de Centroamérica. Con este megajuicio, el Estado salvadoreño busca cerrar un ciclo de impunidad de diez años, desarticulando definitivamente la cadena de mando de una de las organizaciones criminales más sanguinarias de la región.