El presidente Nayib Bukele reiteró ayer que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, ocurrida el 1 de mayo de 2021, fue una medida imprescindible para “salvar al país”, una decisión que —aseguró— permitió avanzar en la transformación del Estado y en la implementación de reformas que, a su juicio, eran necesarias para combatir la inseguridad y reactivar la economía.
En un mensaje publicado en su cuenta de X, el mandatario reaccionó además a recientes publicaciones y debates en Estados Unidos sobre decisiones judiciales federales que, según algunos comentarios en redes, han limitado medidas del gobierno estadounidense en temas de seguridad. Bukele apuntó que, pese a la “fuerte reacción” internacional tras la destitución de los magistrados —incluida la de la administración del presidente Joe Biden— la acción fue ejecutada porque, dijo, era “la única manera de salvar a nuestro país”.
La remoción de esos magistrados generó entonces críticas de diversos sectores y advertencias de actores internacionales. Entre las voces críticas se contó la de la exencargada de negocios de la embajada de EE. UU. en San Salvador, Jean Manes, quien advirtió sobre un posible declive democrático y vinculó la situación judicial a decisiones que podrían afectar las relaciones bilaterales. Organizaciones e informes internacionales también han señalado preocupaciones sobre procesos y la separación de poderes tras los cambios en la Corte.
El episodio se reactivó en redes sociales cuando figuras públicas en Estados Unidos, incluido el empresario Elon Musk, plantearon la idea de destituir o impugnar a jueces que, según ellos, interfieren con la voluntad popular; esas declaraciones provocaron comentarios de apoyo a la postura de Bukele en algunos sectores digitales, que señalaron a El Salvador como ejemplo de una solución “rápida” a obstáculos institucionales. Bukele retomó esos argumentos para defender su decisión, insistiendo en que sin la remoción de los magistrados “corruptos” no habría sido posible avanzar en las reformas que, afirmó, han permitido mejoras en seguridad y desarrollo.
Desde 2021, el debate sobre la decisión ha permanecido en el centro de la agenda política salvadoreña: sus defensores sostienen que la intervención en la Corte fue necesaria para destrabar acciones de gobierno y enfrentar la criminalidad, mientras que críticos nacionales e internacionales han advertido sobre riesgos para la institucionalidad y la independencia judicial. Estos cuestionamientos se han reflejado en la cobertura mediática y en pronunciamientos de organismos y analistas que siguen evaluando las implicaciones para la democracia en El Salvador.
El Pueblo Redacción