Durante años, los periódicos nacionales reportaron los delitos que las pandillas cometían diariamente dentro de los mercados municipales, evidenciando que estos grupos tenían el control de estos espacios públicos.
El principal problema era la extorsión que los pandilleros imponían a los comerciantes, quienes además de pagar el alquiler y los impuestos de sus locales, debían reunir grandes sumas de dinero que las pandillas les exigían ilegalmente.
Esta situación afectó gravemente la economía de los vendedores, incluso de aquellos que comercializaban productos de bajo margen de ganancia.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, recordó las difíciles condiciones en las que trabajaban los comerciantes antes de la aprobación de la Ley para la Creación de la Dirección Nacional de Mercados y Locales Comerciales en Espacios Públicos.
Castro destacó que, por años, los mercados a nivel nacional estuvieron en abandono, lo que permitió que las pandillas impusieran sus reglas.
“En esos mercados ni siquiera las alcaldías tenían control; eran los mareros quienes dominaban y el impuesto más alto para los comerciantes era el que ellos imponían, todo esto bajo la indiferencia de los gobiernos de turno”, afirmó Castro.
La nueva ley incluye un apartado para garantizar la seguridad en estos centros de abasto, estableciendo en su artículo 6 que una de las responsabilidades de la dirección será asegurar la vigilancia interna.
“Como alcalde, el presidente Bukele ya demostró que retiró el desorden que existía fuera de los mercados y organizó a los vendedores como nunca antes, no solo en los mercados, sino en todo el Centro Histórico, que era el epicentro de la actividad pandillera”, concluyó Castro.
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