René Martínez Pineda (@ReneMartinezPi1)
Sociólogo y Escritor (UES-ULS)
En el país se edificó un contexto de vulnerabilidad sociocultural frente a las pandillas y éstas ejercieron una gobernanza criminal, en el sentido de que controlaban cerca del 80% del territorio y tenían el poder para decretar toques de queda, estados de sitio y cobrar impuestos (bajo la figura de “renta”), y eso las facultó para que sus órdenes fueran cumplidas en las zonas bajo control. Acatarlas sin protestar fue la táctica de sobrevivencia de las personas carentes de libre albedrío. Para hacer tangibles las órdenes, en el país se hizo famosa la frase puesta en las comunidades dominadas por pandillas: “ver, oír y callar”, frase que podría considerarse como el decreto barrial para la violación de los derechos humanos de la población sometida.
Despenalizar parcialmente a los procesados como “colaboradores” (darles una salida condicionada, si no han facilitado delitos de sangre o violaciones) es reconocer la falta de su autonomía en ambientes de violencia sistémica legitimada por un Estado delincuencial que hizo de la impunidad una virtud social. Fernando, el gramático, de la novela “La virgen de los sicarios”, dijo: “Nada funciona aquí. Ni la ley del talión ni la ley de Cristo. La primera, porque el Estado ni la aplica ni la deja aplicar: ni raja ni presta el hacha como mi difunta mamá. La segunda, porque es intrínsecamente perversa. Cristo es el gran introductor de la impunidad y el desorden en el mundo. Cuando tú vuelves a Colombia la otra mejilla, de un segundo trancazo te acaban de desprender la retina. Y una vez que no ves, te cascan de una puñalada en el corazón.”
La sociología del crimen y castigo analiza la realidad como un proceso que incluye múltiples factores, dentro de los cuales está el control territorial que se traduce en obediencia, por miedo o conveniencia, siendo lo primero una razón a valorar. Ahora bien, en tanto atenuante en la comisión de un delito que pueda llevar a una “liberación condicionada”, interesa ponderar “el miedo” que llevó de víctima a victimario (concreción del dilema oprimido-opresor). En esa línea, no están en la misma condición quien haya colaborado ocasionalmente con las pandillas por miedo, que quien haya iniciado la colaboración por miedo y luego continuó colaborando porque le beneficiaba social y monetariamente, ya que eso la define como un criminal voluntario. Bajo la etiqueta de «colaboradores forzados», muchos participaron voluntariamente en la logística de la violencia dura, y eso no amerita la libertad condicionada, porque el atenuante no pesa. Diferenciar lo anterior es crucial, ya que los que iniciaron por miedo y continuaron por conveniencia, aprovecharían la situación para declarase como “forzados”.
En otras palabras, la sociología del crimen y castigo plantea que la pertinencia de una medida de ese tipo desaparece si beneficia a quien, como «colaborador», participó activa y conscientemente en la logística de la violencia dura como el ocultamiento o traslado de cadáveres, transporte de armas, amenazar a la gente para para que pagara “la renta”, violaciones agravadas, desmembramientos o facilitar homicidios, dándoles cobertura. En esos casos, la población que hoy goza de un ambiente de paz estable -y respalda casi de forma unánime al presidente, por su liderazgo indiscutido y su compromiso, reflejado en todas las encuestas- puede ver la liberación condicionada como un peligro inminente (miedo comprensible), lo que podría romper el orden de justicia percibida por las víctimas, quienes tienen temor de que surja “el pandillero cero.uno” que desate otra versión de las pandillas. El doctor Bernard Rieux (narrador omnisciente de la novela “La peste”, de Camus) dijo que: “el mal en el mundo casi siempre proviene de la ignorancia, y la buena voluntad puede causar tanto daño como la mala, si no está iluminada”.
La sociología del crimen y castigo no ignora las condiciones heredadas que forzaron a la persona a delinquir ocasionalmente (como soporte del delito), ya que eso implicaría una perversión del castigo. Ahora bien, el presidente, Nayib Bukele, ha demostrado ser un baluarte inimitable de la seguridad de las víctimas, y eso nos obliga a confiar en la decisión final que tomará al respecto, en el sentido de que va a garantizar que no se cree ni la condición mínima para el resurgir de las pandillas.
Así, proponer que quienes “por miedo colaboraron ocasionalmente con las pandillas” gocen de libertad condicionada (luego de comprobarse que sólo se hizo bajo miedo y no se lucró del crimen ni participó en actos abominables) es recurrir a la figura jurídica “estado de necesidad exculpante”, lo cual no significa reconocerla como inocente, sino que reconocer que quien cometió delitos (o colaboró para que se cometieran, lo cual es un delito) lo hizo por la existencia de un peligro grave, actual o inminente, para un bien personalísimo (como la vida, la libertad o la integridad corporal). Como paréntesis sobre los delitos abominables, la sociología del crimen y castigo podría incluir, sin ningún problema ético, el lucro que tuvieron quienes encubrieron e hicieron estrellas de cine a las pandillas, cuya existencia normalizaron y legitimaron alegando que “eran necesarias para el país y que eran un mecanismo válido de movilidad social”.
Entonces, si se demuestra -sin lugar a duda- que la persona actuó bajo amenaza real, inminente y grave contra su vida o la de sus familiares (sin lucrarse ni facilitar la violencia dura), se puede recurrir a una pena alternativa menos severa, reconociendo que no hubo dolo y, por tanto, se puede eximir de responsabilidad penal. Hay muchos ejemplos al respecto, pero cada uno es un caso sui géneris a ponderar sociológica y penalmente para establecer el peso de la presión psicológica.
Como reflexión final hay que decir que uno de los bastiones estratégicos del liderazgo de Nayib Bukele es saber escuchar a la población honrada y noble, quien es la que ejerce la seguridad desde el territorio (denuncia cualquier hecho delictivo), así que seguramente oirá su opinión sobre esta propuesta, luego de dimensionar sus temores y que ella misma evalúe -in situ- las condiciones de seguridad de su comunidad.