Ruth Eleonora López Alfaro, abogada salvadoreña y exjefa de la Unidad de Anticorrupción y Justicia de Cristosal, enfrenta un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito, relacionado con movimientos financieros cuyo origen no habría sido debidamente justificado, según la documentación citada en una investigación periodística.
Los señalamientos apuntan a un incremento patrimonial superior a los $170,000, mientras que sus salarios en instituciones públicas habrían sumado $300,476.90. Entre las operaciones cuestionadas figuran depósitos bancarios, pagos de préstamos y tarjetas de crédito, así como la compra de inmuebles.
Depósitos y pagos bajo cuestionamiento
Según la documentación, las cuentas de López registraron más de $51,000 en depósitos en efectivo de origen no identificado, de los cuales más de $28,000 habrían sido ingresados por ella misma. Además, cinco personas que trabajaban en el Tribunal Supremo Electoral (TSE) depositaron un total de $5,941.56 en sus cuentas. También se reportan transferencias desde otras cuentas bancarias por más de $37,000, cuyo origen no habría sido suficientemente documentado.
En cuanto a sus obligaciones financieras, la investigación señala pagos superiores a $58,000 en efectivo para cancelar deudas. Entre ellos destaca un abono de $32,000 al Banco Agrícola, realizado en enero de 2018 para un préstamo de $60,000. Asimismo, habría destinado más de $23,000 al pago de tarjetas de crédito y efectuado pagos por $3,109.97 al Banco Promerica mediante cheques de terceros cuya procedencia también fue cuestionada.
Compra de inmuebles
Entre las adquisiciones señaladas figura una propiedad en la isla El Espino, en Jucuarán, Usulután Este, comprada en enero de 2012 por $8,500. Según la investigación, sus registros bancarios no reflejaban fondos suficientes para explicar esa operación.
En 2016, López adquirió junto con Louis Elain Benavides Monterrosa un inmueble en la residencial Colonia San Francisco, en San Salvador, por $165,000. Para la compra obtuvo un préstamo de $148,500 del Banco Agrícola, mientras que la documentación cuestiona el origen de los $16,500 restantes.
Su trayectoria en los gobiernos del FMLN
López regresó a El Salvador en 2008 y comenzó a trabajar como asesora jurídica de Eugenio Chicas en el TSE, donde permaneció hasta julio de 2014. Posteriormente, fue asesora de Logística y Administración del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), hasta junio de 2019.
Paralelamente, integró el Consejo Directivo de la Superintendencia de Competencia desde septiembre de 2014 hasta marzo de 2021, tras ser designada durante la administración del expresidente Salvador Sánchez Cerén.
Su trayectoria está vinculada al caso patrimonial de Eugenio Chicas, quien en noviembre de 2024 fue condenado junto con su familia a devolver al Estado más de $202,000 y fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante diez años. Los señalamientos contra López sostienen que habría participado en operaciones relacionadas con el presunto desvío de fondos públicos, una acusación que debe distinguirse de una condena judicial propia.
Su incorporación a Cristosal y el financiamiento internacional
En 2021, López ingresó a Cristosal como responsable del área de Anticorrupción y Justicia. En esa organización coincidió con otras figuras que habían ocupado cargos públicos, entre ellas el exprocurador David Morales y la exinspectora general de la Policía Nacional Civil Zaira Navas.
De acuerdo con los datos citados del portal ForeignAssistance.gov, Cristosal recibió alrededor de $2 millones de USAID en 2024 para el proyecto «Agenda Común para la Democracia», cuya finalización estaba prevista para marzo de 2026.
El financiamiento de las ONG y su dependencia de los cooperantes han generado debates sobre transparencia y rendición de cuentas. Durante la administración de Donald Trump, Estados Unidos anunció fuertes recortes a los programas de USAID en 2025 y posteriormente impulsó la disolución de la agencia. No obstante, recibir fondos internacionales no constituye, por sí mismo, evidencia de irregularidades.
Estado del proceso judicial
López fue detenida en mayo de 2025. El 4 de junio de ese año, el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador ordenó que el caso pasara a la etapa de instrucción y decretó la detención provisional. Posteriormente, se informó de una ampliación del plazo de investigación.
En junio de 2026, medios salvadoreños reportaron que el plazo de instrucción había vencido sin que se conociera públicamente una resolución que llevara el caso a la siguiente etapa. El expediente se encontraba bajo reserva judicial, por lo que es necesario confirmar si existen decisiones posteriores.
La detención provisional y los señalamientos patrimoniales no equivalen a una condena. La responsabilidad penal de López deberá establecerse conforme a las pruebas y las resoluciones de los tribunales.
El Pueblo Redacción