La Asamblea Legislativa ha consolidado un importante avance en materia de seguridad habitacional al aprobar tres decretos estratégicos que permitirán brindar soluciones de vivienda social a 303 familias salvadoreñas en situación de alta vulnerabilidad. Estas iniciativas de ley, presentadas originalmente por el Ejecutivo a través de la ministra de Vivienda, Mischelle Sol, el pasado 21 de abril de 2026, buscan dar una respuesta integral a las necesidades de techo propio que enfrentan diversos sectores de la población que no cuentan con los recursos económicos tradicionales.
El último de estos decretos fue aprobado el pasado 3 de junio con el respaldo de 59 diputados en el pleno legislativo, facultando al Fondo Social para la Vivienda (FSV) a transferir un paquete de 101 inmuebles habitacionales a favor del Fondo Nacional de Vivienda Popular (Fonavipo). Estas propiedades específicas se encuentran distribuidas en los departamentos de San Salvador, La Paz, La Libertad y Chalatenango. Cabe destacar que esta aprobación se suma a otros dos decretos emitidos previamente en los últimos dos meses, los cuales abarcaron traslados de viviendas en sectores populares de San Salvador como La Campanera, Majucla y las Cañas, así como en los departamentos de Santa Ana, Sonsonate y San Vicente.
A partir de la vigencia de estas normativas, Fonavipo queda plenamente facultado para incorporar dichos inmuebles en los programas coordinados con el Ministerio de Vivienda, permitiendo iniciar los procesos legales para la formalización y entrega de las casas a las familias de escasos recursos. Las propiedades serán transferidas mediante diferentes figuras legales como contratos de compraventa, donaciones, comodatos, arrendamientos simples o derechos de habitación gratuitos, otorgando una prioridad absoluta a aquellos núcleos familiares que en la actualidad ya se encuentran habitando y resguardando dichos espacios.
Con el objetivo de agilizar los procesos y reducir la carga financiera para los beneficiarios, todos los inmuebles incluidos en las normativas vigentes han sido declarados oficialmente de interés social. Esta declaratoria especial los exonera por completo del pago de derechos registrales, catastrales e impuestos sobre la transferencia de bienes raíces durante los trámites necesarios para su inscripción formal. Además, las autoridades detallaron que los fondos recaudados en estas operaciones se reinvertirán de manera directa en reparaciones, mantenimiento general, mejoras de infraestructura y el pago de servicios básicos de las mismas propiedades.