La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado detalles contundentes durante los alegatos finales del juicio histórico que se instruye contra 486 cabecillas de la pandilla MS-13. Según la representación fiscal, la estructura criminal logró recaudar al menos 9 millones de dólares en concepto de extorsión afectando únicamente a cuatro víctimas específicas entre los años 2012 y 2022. Las investigaciones ministeriales determinaron que las personas afectadas se vieron obligadas a realizar estos millonarios desembolsos financieros de forma sistemática para salvaguardar sus propias vidas y proteger la integridad de sus núcleos familiares ante las constantes amenazas de muerte de la organización.
Para sustentar estas graves acusaciones en la vista pública, el ministerio público fiscal cuenta con un robusto compendio de prueba documental y testimonial recolectada a lo largo del proceso de investigación. Entre las evidencias principales destacan las actas formales de las denuncias interpuestas por cada una de las víctimas, así como las declaraciones anticipadas de testigos clave que manifestaron con precisión la ruta del dinero y los mecanismos coercitivos que utilizaba la estructura. Actualmente, los imputados están siendo procesados penalmente en el Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador por un aproximado de 47,000 hechos delictivos, que incluyen agrupaciones ilícitas, homicidios agravados y extorsiones.
El fiscal adjunto contra el Crimen Organizado, Max Muñoz, fundamentó ante el tribunal que la pandilla se alzó deliberadamente con armas de fuego de grueso calibre en contra del Estado salvadoreño con el objetivo de imponer un estado criminal paralelo y abrogarse facultades legales de la nación. La investigación determinó que los fondos obtenidos de las extorsiones masivas eran invertidos directamente en la adquisición de dicho armamento para enfrentar con violencia a las fuerzas de seguridad pública. Asimismo, la FGR expuso la operatividad transnacional de la estructura, detallando que delinquían mediante el tráfico de drogas, principalmente marihuana y cocaína, la cual era importada desde México y movilizada a través de Guatemala.
Finalmente, las autoridades fiscales han demostrado fehacientemente que, durante el período comprendido entre 2012 y 2022, los líderes pandilleros implementaron una estrategia de instrumentalización social en distintas zonas del territorio nacional. Los criminales utilizaron de manera sistemática a un total de 1,212 menores de edad y a cientos de mujeres con el propósito de evadir los controles policiales y facilitar el traslado logístico de armas y sustancias ilícitas. El proceso judicial continúa en su etapa de conclusiones, aplicando la teoría jurídica de la autoría mediata en aparatos organizados de poder para determinar la responsabilidad directa de la cúpula criminal en los miles de crímenes señalados.