ONU denuncia la ejecución de 21 personas en Irán bajo motivos políticos desde el inicio de la guerra

La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos emitió este miércoles una alerta internacional ante el drástico deterioro de las libertades fundamentales en Irán. Desde el estallido de la guerra en Oriente Medio el pasado 28 de febrero, el organismo ha contabilizado la ejecución de 21 personas por motivos políticos o de seguridad nacional. De estas víctimas, al menos nueve fueron ajusticiadas en relación con las protestas de enero de 2026, diez por presuntos vínculos con grupos opositores y dos bajo cargos de espionaje.

El informe de Naciones Unidas detalla que la represión interna se ha intensificado de forma paralela al conflicto externo, resultando en la detención de más de 4,000 personas por cargos relacionados con la seguridad nacional. La agencia advierte que muchos de estos prisioneros han sido víctimas de desapariciones forzadas y métodos de tortura inhumanos, tales como simulacros de ejecución y la obtención de confesiones mediante el uso de la fuerza, las cuales han llegado a ser televisadas por medios estatales.

El Alto Comisionado Volker Türk expresó su consternación ante la brutalidad empleada por las autoridades de Teherán contra su propia población en un contexto de crisis bélica. Türk instó al gobierno iraní a establecer una moratoria inmediata sobre la pena capital y a garantizar el respeto al debido proceso para todos los ciudadanos. Asimismo, subrayó que Irán se mantiene, según datos de organizaciones como Amnistía Internacional, como el segundo país que más recurre a la pena de muerte a nivel global, solo superado por China.

Finalmente, el llamado de la ONU enfatiza la urgencia de liberar a quienes han sido detenidos arbitrariamente, asegurando que la mística del derecho a un juicio justo es innegociable. Con una cifra de arrestos que sigue en aumento, la comunidad internacional vigila de cerca el accionar de las fuerzas de seguridad iraníes, mientras la población enfrenta las consecuencias combinadas de un conflicto armado y un sistema de justicia señalado por su falta de transparencia y trato degradante.

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