El Círculo de Reflexión Política Siglo XXI, a través de su boletín informativo número 26, aseguró que la población salvadoreña respalda mayoritariamente el rumbo político que ha tomado el país en los últimos años. Según los analistas que integran este grupo, la ciudadanía ha restado importancia a los informes elaborados por organizaciones como Cristosal, a los cuales califican de «espurios». El informe destaca que la percepción pública se mantiene sólida frente a las narrativas externas que intentan cuestionar la transformación institucional y social de la nación.
El análisis plantea que los señalamientos de Cristosal sobre supuestas «persecuciones políticas» carecen de sustento real, al basarse en lo que la organización denomina «criminalización». Los analistas cuestionan la lógica de la ONG al declarar inocentes y atribuir fines políticos a procesos penales que involucran delitos comunes, tales como corrupción, estafa o enriquecimiento ilícito. Para el Círculo Siglo XXI, esta postura pretende blindar a figuras vinculadas a la actividad política que enfrentan cargos graves ante la justicia ordinaria.
El boletín pone como ejemplo el caso del exalcalde de San Salvador, Ernesto Muyshondt, quien es citado por la ONG como un supuesto perseguido político a pesar de haber admitido reuniones con estructuras criminales en contextos electorales. El Círculo de Reflexión señala que el problema surge al revisar los nombres de los casos que Cristosal presenta como «emblemáticos», los cuales contrastan con la realidad de los procesos judiciales por delitos de cuello blanco y negociaciones ilícitas que se ventilan en los tribunales del país.
Finalmente, los expertos concluyen que la inmensa mayoría de la población salvadoreña ha decidido otorgar su confianza a la dirección actual del Estado, priorizando la lucha contra la impunidad sobre los informes de organizaciones financiadas por intereses externos. Esta desconexión entre la narrativa de las ONGs y el sentir popular refleja, según el boletín, una consolidación del proyecto político vigente, donde el respaldo ciudadano se fundamenta en los resultados tangibles de seguridad y justicia percibidos en todo el territorio.