El sociólogo René Martínez sostuvo que el relato de las víctimas de los crímenes cometidos por pandillas refleja con claridad la efectividad del plan de seguridad impulsado por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, al enfatizar la disminución de delincuentes que permanecen libres en las calles del país.
A través de una publicación en su cuenta de X, el académico planteó que la narrativa social debe analizarse desde dos perspectivas opuestas: la de los victimarios y la de quienes durante años sufrieron la violencia criminal. Según Martínez, mientras los grupos afines a las estructuras delictivas centran su discurso en el número de personas encarceladas, las víctimas destacan el hecho de que miles de terroristas ya no representan una amenaza directa para la población.
“Tenemos una de las mayores tasas de encarcelamiento del mundo porque teníamos la mayor tasa de delincuentes por habitante. La narrativa de los victimarios enfatiza el número de presos; la narrativa de las víctimas: el número de delincuentes que no andan libres por las calles”, expresó el sociólogo, al subrayar que ambas visiones responden a intereses y realidades completamente distintas.
Martínez consideró que las medidas adoptadas por el Ejecutivo para desmantelar a las pandillas son proporcionales a los niveles de violencia ejercidos durante décadas contra la población honrada, y que el contexto histórico de criminalidad explica la magnitud de las acciones implementadas en materia de seguridad.
El académico también señaló que, desde una perspectiva simbólica y social, las políticas de seguridad representan una amenaza para las estructuras criminales, pero significan alivio, justicia y recuperación de espacios para las víctimas, quienes durante años vivieron bajo el control territorial y el temor impuesto por las pandillas.
De acuerdo con registros oficiales, desde la implementación del régimen de excepción y hasta el cierre de 2025, más de 90,000 pandilleros han sido encarcelados en el país. De ese total, cerca de 18,000 se encuentran recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), mientras que el resto permanece en otras prisiones de máxima seguridad, como parte de la estrategia estatal para garantizar la seguridad y el orden público.
El Pueblo Redacción