Asamblea Legislativa aprueba incentivos para promover energía limpia en el país

La Asamblea Legislativa aprobó este martes la Ley de Fomento para el Uso de la Energía Renovable, una iniciativa del Órgano Ejecutivo que busca fortalecer la sostenibilidad de la matriz energética de El Salvador y ofrecer alternativas innovadoras a los ciudadanos para cubrir sus necesidades básicas de electricidad mediante fuentes limpias.

La normativa, que consta de 15 artículos, fue respaldada por los partidos Nuevas Ideas, PCN y PDC, y tiene como objetivo principal el fomento en la instalación de sistemas o equipamientos de generación eléctrica producida por fuentes renovables, ya sean convencionales o no, así como su almacenamiento y posible reinyección a la red de distribución nacional.

El proyecto también incentiva actividades económicas relacionadas con la importación, venta, comercialización e instalación de estos sistemas, permitiendo que tanto empresas como usuarios finales puedan acceder a tecnología más moderna para el autoconsumo energético.

Uno de los aspectos más destacados de la ley es que los usuarios finales gozarán de incentivos fiscales por un período de 10 años, durante el cual estarán exentos de todo tipo de gravamen por la importación, comercialización, instalación y mantenimiento de equipos de generación con fuentes renovables.

La Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones (Siget) será la encargada de regular los requisitos y procedimientos que deberán cumplir tanto los proveedores como los usuarios, mientras que la Defensoría del Consumidor supervisará que los beneficios fiscales otorgados a las empresas se traduzcan en precios justos para la población.

Aunque El Salvador ya contaba con una Ley de Incentivos Fiscales para el Fomento de las Energías Renovables, la nueva normativa amplía y actualiza los beneficios, estableciendo con claridad los derechos y obligaciones de los usuarios finales y reforzando el compromiso del país con la sostenibilidad ambiental y la innovación energética.

Con esta aprobación, el país da un paso decisivo hacia una transición energética más limpia, económica y sostenible, alineada con los estándares internacionales y las metas de desarrollo verde que impulsa el Gobierno salvadoreño.

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