Nuevas reformas facilitarán procesos de construcción y reducirán cobros a usuarios

Con 57 votos a favor de los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, la Asamblea Legislativa aprobó este martes una serie de reformas a la Ley de Creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción (DOT), orientadas a agilizar los trámites de construcción y simplificar los procedimientos administrativos vinculados al sector.

Las enmiendas, presentadas por el Órgano Ejecutivo, buscan eliminar la duplicidad de gestiones y exonerar algunos cobros en los servicios que brinda la institución. Con ello, se pretende reducir los tiempos de respuesta y facilitar el desarrollo de proyectos de infraestructura, tanto públicos como privados.

Entre las principales modificaciones figura la mejora del marco normativo que regula los permisos de calificación de lugar, línea de construcción, factibilidad de aguas lluvias, autorización de obras y recepción de edificaciones menores a 250 metros cuadrados. Estas reformas se implementarán sin afectar las competencias del Ministerio de Vivienda, según lo aprobado por los legisladores.

Además, se exonera el cobro por inspecciones y se simplifican los trámites de factibilidad y autorización para la instalación y funcionamiento de sistemas individuales de tratamiento de aguas negras y grises, lo que permitirá una gestión más eficiente y menos costosa para los usuarios.

Asimismo, el pliego de reformas establece la actualización del tarifario aplicable en procesos de valoración cultural de edificaciones, demolición de infraestructura, cambios de uso de suelo, terracería, tala y poda de árboles, así como modificaciones de titularidad.

Estas enmiendas guardan coherencia con las “Disposiciones especiales para el otorgamiento de trámites y permisos para obras de infraestructura pasiva para el servicio público de telecomunicaciones y otras obras o proyectos de construcción por el Ministerio de Vivienda”, con el propósito de mantener una coordinación interinstitucional que fortalezca el ordenamiento territorial y el desarrollo urbano sostenible del país.

Con la aprobación de estas reformas, el Gobierno busca dinamizar el sector construcción, impulsar la inversión y promover la modernización de los servicios públicos, en beneficio del crecimiento económico y la generación de empleo en El Salvador.

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