Según la investigación, durante los gobiernos de Elías Antonio Saca y Mauricio Funes se habría mantenido durante al menos una década un esquema de pagos mensuales en efectivo a periodistas de medios nacionales, con recursos públicos vinculados a la Partida Secreta de la Presidencia. Los documentos revisados describen la participación de tres operadores: Jorge Hernández, expresentador de noticias; Héctor Silva Ávalos, fundador de Revista Factum; y Gerardo Cáceres, gestor político cercano a Funes. Los pagos buscaban favorecer la imagen de los gobiernos, promover el discurso oficial y evitar crisis mediáticas.
La investigación, basada en más de 600 páginas de documentos y relatos de personas que presenciaron los hechos, señala que el mecanismo se originó durante los gobiernos de ARENA y continuó con la administración del FMLN. La información también habría sido contrastada con fuentes vinculadas a los hechos y documentos sobre los acuerdos descritos.
Los pagos durante el gobierno de Antonio Saca
En junio de 2004, Jorge Hernández fue convocado a Casa Presidencial, donde el entonces secretario privado, Elmer Charlaix, le ofreció una bonificación mensual de $4,000 por su apoyo a la campaña presidencial de Saca y su posición en Telecorporación Salvadoreña (TCS). Hernández rechazó la oferta al considerar que otros beneficiarios recibían cerca de $10,000 mensuales. Una semana después, el propio Saca le aclaró mediante anotaciones que esa era la cantidad destinada para él.
Según los documentos judiciales, otros beneficiarios de pagos mensuales de $10,000 eran Francisco Laínez, César Funes, René Figueroa, Elmer Charlaix y Herbert Saca. El dinero para Hernández era entregado mensualmente por una secretaria de Charlaix identificada como Suleyma.
Además, Hernández recibió $35,000 en efectivo para comprar y blindar una camioneta Nissan Patrol, entregados por medio de Herbert Saca en el autolote HS Imports, sobre el bulevar Constitución. También habría realizado gestiones de campaña, promoción de la imagen presidencial y manejo de crisis. Los documentos señalan que incluso se intentó nombrarlo secretario privado de Saca, aunque la gestión no prosperó.
En 2021, Charlaix confirmó ante una comisión especial de la Asamblea Legislativa que el gobierno de Saca destinó millones de dólares a medios escritos y televisivos para respaldar el discurso oficial, entre ellos La Prensa Gráfica y El Diario de Hoy.
El acuerdo con Mauricio Funes y los pagos a periodistas
A inicios de 2009, antes de las elecciones presidenciales, Hernández recibió a Mauricio Funes, entonces candidato del FMLN, quien le pidió interceder con los medios para obtener mayor visibilidad. Funes disponía de aproximadamente $3 millones para pauta publicitaria.
El 16 de marzo de 2009, un día después de ganar las elecciones, Hernández participó en una cena en el restaurante Paradise, en la Zona Rosa, con Funes, Carlos Cáceres, Francisco Cáceres y Gerardo Cáceres. Según la investigación, acordaron una cobertura favorable al nuevo gobierno a cambio de publicidad y protección para las empresas mediáticas.
Durante la administración de Funes, Hernández habría continuado recibiendo una bonificación y participado en la distribución de pagos a otros comunicadores. Los documentos señalan que entregaba mensualmente $6,000 a Gabriel Trillos, entonces editor de La Prensa Gráfica, y $4,000 a Narciso «Nacho» Castillo, presentador de Canal 33. Las entregas se habrían realizado desde el segundo mes del gobierno hasta septiembre de 2012, cuando Hernández dejó TCS, algunas personalmente y otras mediante un motorista identificado como «Don Fito».
Por su parte, Gerardo Cáceres habría entregado entre $3,000 y $5,000 mensuales a Álvaro Cruz Rojas, entonces editor de Diario El Mundo; entre $3,000 y $4,000 a Lafitte Fernández; y $1,500 a Raúl Beltrán Bonilla, excandidato a diputado del PCN y locutor radial, para promover al gobierno en su programa diario.
Según los documentos judiciales, estos pagos buscaban promover la imagen de Funes y evitar situaciones de crisis para el mandatario. Parte de los acuerdos se coordinaba desde una vivienda en el número 403 de la colonia San Benito, pagada por Casa Presidencial, donde se habrían gestionado acuerdos políticos vinculados a la Partida Secreta.
La investigación también refiere una llamada de Hernández a periodistas de El Faro para pedirles que redujeran la difusión de información sobre la venta de frecuencias televisivas. En las actas judiciales se atribuye a Funes una declaración en la que descalificó a esos periodistas y pidió que Hernández les recordara que recibían pagos.
Héctor Silva Ávalos y su relación con el gobierno de Funes
Según las actas judiciales, Héctor Silva Ávalos, exjefe editorial de La Prensa Gráfica y fundador de Revista Factum, mantuvo una relación de confianza con Funes. En 2009, tras señalar que había recibido amenazas relacionadas con sus publicaciones sobre la banda Los Perrones, Silva solicitó ayuda para salir del país. El gobierno le habría facilitado un cargo como ministro consejero en la embajada salvadoreña en Washington y entregado $15,000 en efectivo para su traslado.
A finales de 2011, Silva fue considerado como candidato para dirigir el Organismo de Inteligencia del Estado (OIE), junto con David Munguía Payés, el coronel Simón Alberto Molina Montoya y Ricardo Perdomo. Este último fue finalmente seleccionado. La investigación vincula la confianza depositada en Silva con su participación previa en operaciones de entrega de dinero en efectivo a terceros.
En marzo de 2010, durante una visita oficial de Funes a Washington para reunirse con Barack Obama, miembros del Estado Mayor Presidencial y empleados de Protocolo habrían trasladado entre $5,000 y $8,000 cada uno al hotel Ritz-Carlton, donde se encontraba Silva. El dinero debía repartirse entre jefes de medios para negociar titulares y revisar segmentos televisivos, con el objetivo de mantener la visita en la cobertura durante al menos cinco días. Silva también habría recibido un pago adicional de $5,000 por esa labor.
En 2011, Silva participó en una reunión con Funes y la entonces primera dama, Vanda Pignato, para negociar sus honorarios como parte de una estructura de estrategas de comunicación del gobierno. Según los documentos, aceptó el acuerdo y recibió cerca de $100,000 en efectivo durante los meses posteriores. La investigación también menciona dinero de la Partida Secreta destinado a viáticos de otro viaje en el que Silva participó junto con el exdirector del ISSS y el exembajador Francisco Altschul.
Los fondos de campaña y la familia Salume
La investigación sostiene que los aproximadamente $3 millones utilizados por Funes para pagar publicidad durante su campaña de 2009 no provenían del patrimonio de Nicolás Salume, aunque sus cuentas bancarias habrían sido utilizadas para alojar el dinero.
En 2013, Funes afirmó públicamente que Salume había realizado una donación y que el contrato de mutuo firmado después de ganar la Presidencia no representaba una deuda. Sin embargo, los documentos citados en la investigación atribuyen a Hernández conocimiento de que Salume habría prestado su nombre y sus cuentas para ocultar el origen real de los fondos, que posiblemente provenían de una empresa extranjera.
Durante el gobierno de Funes, Nicolás Salume Barake fue primer designado a la Presidencia y su hijo, Nicolás Salume Babún, presidió la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL).
El financiamiento de Revista Factum
La investigación relaciona este mecanismo de ocultamiento de fondos con la fundación de Revista Factum en 2014. Aunque el medio se presentó como independiente de poderes empresariales y políticos nacionales, Adolfo Salume, sobrino de Nicolás Salume, afirmó en un campo pagado publicado en 2019 que contrató a Héctor Silva para fundar la revista en 2014 y que se retiró del proyecto en 2015, cuando Silva encontró nuevas formas de financiamiento.
Asimismo, Silva reconoció ante Revista Factum que envió a Bryan Avelar, empleado suyo en Diario1, para apoyar la redacción del medio. Según la investigación, Factum no había presentado pruebas documentales sobre el origen de los fondos iniciales de su proyecto.
A inicios de 2025, César Castro, director de la revista, reveló que recibían recursos de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), a través de organizaciones que trabajaban en favor de la transparencia y ejecutaban proyectos como intermediarias.
Estas declaraciones se produjeron durante la suspensión de fondos de USAID, que afectó el financiamiento de organizaciones no gubernamentales y medios digitales en El Salvador. La crisis llevó a algunos periodistas vinculados a esas plataformas a salir del país en busca de nuevas fuentes de financiamiento.