Una investigación sobre el patrimonio de Ana Vilma Albanez de Escobar, exvicepresidenta de la República durante el gobierno de Antonio Saca (2004-2009), revela que las observaciones formuladas por la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en 2017 pasaron de $11.6 millones a únicamente $109,480, tras la revisión de documentación presentada por la exfuncionaria en 2019.
La auditoría inicial incluyó depósitos bancarios, compras de inmuebles y vehículos, pagos de tarjetas de crédito, reintegros de campaña del partido ARENA y diferencias entre los ingresos y egresos de su grupo familiar. Según la investigación, la reducción de los hallazgos se produjo después de que Probidad evaluara documentación financiera, societaria y patrimonial presentada por la exvicepresidenta y su entorno familiar.
Fuentes vinculadas al proceso señalaron que la eliminación de observaciones habría formado parte de acuerdos con autoridades de la CSJ durante la gestión de Carlos Rafael Pineda al frente de Probidad. Según cuatro fuentes citadas en la investigación, al menos tres exdiputados habrían sido beneficiados mediante gestiones con dicha sección.
Finalmente, Probidad determinó que el grupo familiar tenía una disponibilidad patrimonial favorable de $4,121,739, suficiente para absorber la diferencia observada. El 26 de marzo de 2019, el pleno de la CSJ discutió el caso: una primera votación para enviar a juicio a De Escobar obtuvo cinco votos, mientras que nueve magistrados respaldaron eximirla de responsabilidad.
Entre los hallazgos iniciales figuraban $1.1 millones en depósitos y pagos bancarios cuyo origen o destino no pudo establecerse inicialmente durante su vicepresidencia, así como $27,396 en pagos de tarjetas de crédito sin documentación suficiente. También se señalaron cheques relacionados con ARENA para la campaña presidencial de 2004, de $8,000 mensuales durante al menos tres meses, y la compra de un vehículo blindado al partido por $17,000 en octubre de 2009.
La auditoría cuestionó además la adquisición de un apartamento en Costa del Sol por $252,478.37, comprado a Inversiones Roble, S.A. de C.V.; operaciones inmobiliarias por $171,478 cuyo financiamiento inicialmente no pudo acreditarse; y la compra de una Toyota Hilux por $45,816, cuyo pago no pudo vincularse con retiros bancarios del grupo familiar.
Asimismo, se identificó una diferencia negativa entre ingresos y egresos de $1,613,426, de los cuales $14,577 correspondían a De Escobar y $1,598,849 a su esposo, Carlos Patricio Escobar, ejecutivo vinculado al Grupo Poma.
Para el período posterior a la vicepresidencia, Probidad observó $3,046,628 en depósitos y retiros bancarios cuyo origen o destino inicialmente no pudo acreditarse, además de $56,586.12 en pagos de tarjetas de crédito y préstamos hipotecarios. También registró observaciones por $84,863 relacionadas con vehículos y $17,500 correspondientes a parte del precio de dos palcos y estacionamientos en el Estadio Cuscatlán.
La resolución final de la CSJ permitió que De Escobar no fuera enviada a juicio por enriquecimiento ilícito, pese a las observaciones contenidas en el informe preliminar. Parte de la documentación aceptada incluía dividendos, operaciones societarias y movimientos financieros vinculados con empresas relacionadas con el patrimonio de su esposo.
El Pueblo Redacción