El Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado instaló el juzgamiento contra una estructura de 200 pandilleros pertenecientes a la facción sureña del Barrio 18. Los procesados operaban en el distrito de El Carmen, Cuscatlán, y fueron capturados por la PNC y la Fuerza Armada bajo el régimen de excepción.
La vista pública inició con un primer grupo de 14 imputados, acusados por la Fiscalía General de la República por el delito de agrupaciones ilícitas. Las reformas legales vigentes permitieron agrupar a toda la clica en un solo expediente para realizar un juicio masivo durante un período de 24 meses.
Durante décadas, esta clica mantuvo el control territorial en la zona mediante extorsiones, amenazas, desapariciones y asesinatos contra la población trabajadora. El Ministerio Público presentó pruebas periciales, perfiles criminales y testimonios directos para establecer la jerarquía y participación de cada uno de los miembros dentro de la estructura.
Con el marco legal actual, los jefes o cabecillas de esta agrupación terrorista enfrentan penas de hasta 60 años de prisión, mientras que los miembros de menor rango recibirán condenas mínimas de 30 años. Las autoridades judiciales reiteraron que el proceso garantizará que la totalidad de los miembros de esta clica cumpla su condena en prisión.