Un recrudecimiento de la violencia armada dejó al menos 25 personas muertas durante dos masacres consecutivas ejecutadas en diferentes puntos de Honduras. El portavoz del Ministerio Público, Yuri Mora, confirmó de manera oficial ante medios televisivos la recuperación inicial de 19 víctimas mortales, de las cuales 13 corresponden a un primer sector y seis a una segunda escena del crimen.
El primer acontecimiento de sangre ocurrió en horas de la madrugada en una finca de palma africana ubicada en el municipio de Trujillo, departamento de Colón, donde 10 trabajadores agrícolas fueron ultimados. El Instituto Nacional Agrario (INA) señaló que las disputas históricas por la tenencia de tierras, sumadas a la infiltración de organizaciones delictivas armadas, constituyen la principal hipótesis del múltiple asesinato.
El segundo ataque criminal se registró en la aldea de Corinto, municipio de Omoa, una zona fronteriza con Guatemala utilizada activamente para el tráfico de drogas. En ese lugar, miembros de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas (DIPAMPCO) y un civil perdieron la vida tras ser emboscados y acribillados con armas de grueso calibre cuando intentaban realizar un operativo de registro.
En respuesta a la emergencia, el ministro de Seguridad, Gerson Velásquez, anunció el despliegue inmediato de 500 policías y 200 militares armados para intervenir las regiones afectadas y recolectar evidencias técnicas. Por su parte, el Gobierno de Guatemala envió un contingente de refuerzo a sus fronteras terrestres para cerrar el paso e impedir la huida de los sicarios hondureños hacia su territorio.