El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador dictó una condena de 15 años de prisión contra Moris Alexander Bercián Manchón, conocido como alias Barney, por el delito de lavado de dinero y de activos, en perjuicio del orden socioeconómico del Estado salvadoreño.
De acuerdo con el informe judicial, Bercián Manchón registró un incremento patrimonial injustificado superior al medio millón de dólares, producto de operaciones financieras ilícitas realizadas entre los años 2003 y 2015. Durante ese período, el imputado adquirió al menos ocho vehículos automotores, 21 inmuebles, además de realizar movimientos significativos en cuentas bancarias, utilizando mecanismos de ocultamiento e influencia para integrar dichos bienes al sistema financiero formal.
Las investigaciones fiscales establecen que el condenado, identificado como cabecilla y financista de la estructura criminal MS-13, logró lavar un total de $656,085.93, una cifra completamente desproporcionada frente a sus ingresos formales. Registros del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) detallan que su salario mensual oscilaba entre $158 y $198 durante los años 2005 a 2008, lo que evidenció de forma clara la procedencia ilícita de los fondos.
El reporte judicial también señala que Bercián Manchón ha sido sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, además de enfrentar múltiples procesos judiciales en El Salvador por delitos vinculados a organizaciones terroristas, narcotráfico y estructuras criminales transnacionales.
Asimismo, el condenado cuenta con una orden de captura internacional y figura dentro del listado de los cien más buscados por la Policía Nacional Civil (PNC), lo que lo convierte en un objetivo prioritario para las autoridades nacionales e internacionales.
La condena fue emitida bajo el marco de las nuevas reformas del Código Procesal Penal, que permiten la condena en ausencia de personas procesadas por delitos graves, cuando estas se mantienen prófugas de la justicia. En ese sentido, el tribunal resolvió imponer la pena privativa de libertad pese a que el imputado no se encuentra bajo custodia del sistema penitenciario.
Las autoridades reiteraron que continúan los operativos de localización y captura tanto a nivel nacional como internacional, con el objetivo de ejecutar la sentencia y evitar que el condenado continúe operando estructuras criminales o participando en actividades ilícitas que atenten contra la seguridad y estabilidad del país.
El caso de alias Barney se suma a los procesos judiciales estratégicos impulsados por el Estado salvadoreño contra las estructuras financieras de las pandillas, como parte del combate integral al crimen organizado, que no solo apunta a los ejecutores directos de la violencia, sino también a sus redes de financiamiento, lavado de activos y sostenimiento económico, pilares fundamentales de su operación criminal.
El Pueblo Redacción