Será el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien decida qué empresas petroleras recibirán la autorización y protección de Washington para operar en Venezuela, luego de que las fuerzas armadas estadounidenses sacaran del escenario político al depuesto presidente Nicolás Maduro, hoy encarcelado junto con su esposa, Cilia Flores, en Brooklyn, Nueva York. La definición de este nuevo esquema de control e inversión marca un giro decisivo en el futuro energético del país sudamericano.
La postura fue reafirmada durante una reunión celebrada en la Casa Blanca, donde Trump y su equipo sostuvieron un encuentro con una veintena de compañías multinacionales del sector petrolero y energético. Aunque el mandatario expresó su interés en que estas empresas comiencen a invertir de inmediato en la recuperación de la deteriorada infraestructura petrolera y eléctrica venezolana, los ejecutivos se mostraron prudentes y evitaron comprometer capitales sin contar con seguridad jurídica, reglas comerciales claras y estabilidad política.
“Ustedes están negociando con nosotros directamente, no están negociando con Venezuela en absoluto, no queremos que negocien con Venezuela”, advirtió Trump ante la prensa, dejando claro que Washington será el intermediario exclusivo en cualquier acuerdo. El objetivo del mandatario es movilizar al menos $100,000 millones en inversiones privadas para reactivar plantas petroleras, refinerías y sistemas de generación eléctrica.
En la reunión participaron altos ejecutivos de ExxonMobil, ConocoPhillips, Continental Resources, Valero, Marathon Petroleum, Raisa Energy, Hilcorp Energy, Aspect Holdings, Tallgrass Energy, Halliburton y Chevron, esta última la única gran petrolera estadounidense que logró permanecer en Venezuela durante la etapa de expropiaciones impulsadas por Hugo Chávez. A nivel internacional asistieron representantes de Repsol, Shell, Eni y Vitol Americas.
El director ejecutivo de ExxonMobil, Darren Woods, fue enfático al señalar que actualmente no existen condiciones para invertir en Venezuela. Afirmó que los marcos legales y comerciales vigentes hacen inviable cualquier proyecto y subrayó la necesidad de reformas profundas, incluyendo cambios en la legislación de hidrocarburos y garantías duraderas para la inversión extranjera. Woods recordó que la empresa perdió todos sus activos en el país en dos ocasiones, tras la nacionalización de la industria en 2007.
Una posición similar expresó el director ejecutivo de ConocoPhillips, Ryan Lance, quien aunque elogió el liderazgo de Trump, evitó asumir compromisos concretos. Recordó que su compañía perdió alrededor de $12,000 millones durante el proceso de expropiaciones del chavismo, una cifra que calificó como una dura lección para el sector energético internacional.
Trump, sin embargo, se mostró confiado en que el proyecto beneficiará ampliamente a Estados Unidos. Aseguró que las compañías “saben los riesgos” y que su administración las respaldará para que operen en Venezuela a largo plazo, contribuyendo además a una reducción de los precios del petróleo. Añadió que, aunque habrá presencia de trabajadores estadounidenses, la mayoría de la mano de obra en el terreno sería venezolana.
El escepticismo también fue compartido por Harold Hamm, fundador de Continental Resources y aliado cercano de Trump, quien subrayó que sin estabilidad política y regulatoria no es posible avanzar en inversiones de gran escala.
Para el presidente estadounidense, no obstante, el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez está dando señales de cooperación. Trump afirmó que la liberación de presos políticos en Venezuela es una muestra de que las nuevas autoridades “están buscando la paz”, razón por la cual decidió cancelar una segunda oleada de ataques militares que, según dijo, estaba prevista. Con este escenario, Washington se posiciona como el actor clave que definirá el futuro energético venezolano y las reglas del juego para las petroleras internacionales.
El Pueblo Redacción