El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Brasil informó que durante 2025 logró recuperar 481 millones de reales, equivalentes a unos 85.9 millones de dólares, provenientes de bienes confiscados al crimen organizado, lo que representa el mayor volumen de recursos recuperados desde que se tienen registros oficiales en el país. Las autoridades destacaron que este resultado refleja un avance significativo en la estrategia de combate financiero contra las organizaciones criminales.
De acuerdo con el informe oficial, la cifra corresponde a la Receita de la Gestión de Activos (RGA), que agrupa los ingresos generados por la venta, incorporación y custodia de bienes incautados en operaciones judiciales. Durante 2025, el Ministerio de Justicia llevó a cabo un total de 502 subastas, una cantidad sin precedentes, mediante las cuales se logró la enajenación de más de 10,990 activos vinculados a actividades ilícitas, principalmente relacionadas con el tráfico de drogas.
El documento resalta que las acciones contra el lavado de activos y las inversiones ficticias en el mercado financiero fueron una de las principales marcas de la política de seguridad del Gobierno brasileño durante el año. Estas operaciones estuvieron dirigidas contra estructuras criminales de alto perfil, como el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Comando Rojo, consideradas entre las organizaciones delictivas más poderosas del país.
Entre los resultados más relevantes figura la venta de 51 inmuebles asociados directamente al narcotráfico, que generó una recaudación superior a los 104 millones de reales, unos 18.6 millones de dólares, constituyendo el mayor monto registrado hasta la fecha en subastas de bienes de este tipo. Las autoridades señalaron que estas operaciones permitieron golpear de forma directa la base económica de las redes criminales.
El informe también subrayó el avance en la aplicación de las llamadas enajenaciones anticipadas, un mecanismo legal que autoriza la venta de bienes incautados antes de que exista una sentencia firme, siempre que cuente con aval judicial. Esta herramienta ha permitido acelerar la recuperación de recursos y evitar la depreciación de los activos mientras avanzan los procesos legales.
El impacto positivo de estas acciones se reflejó además en el fortalecimiento del Fondo Nacional Antidrogas (Funad), que recibió aproximadamente 390 millones de reales, equivalentes a unos 69.6 millones de dólares. Estos fondos serán destinados al financiamiento de políticas públicas orientadas a la prevención del consumo de drogas, el tratamiento de adicciones, el combate al narcotráfico y los programas de reinserción social.
Según el Ministerio de Justicia, los resultados alcanzados en 2025 consolidan un nuevo nivel en la política de descapitalización del crimen organizado en Brasil, al debilitar su estructura financiera y redirigir los recursos recuperados hacia acciones que fortalecen la seguridad pública y el tejido social del país.
El Pueblo Redacción