La Asamblea Legislativa desempeñó un papel determinante durante 2025 en la implementación del proyecto de saneamiento fiscal impulsado por el gobierno del presidente Nayib Bukele, en coordinación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), a través del Servicio Ampliado del FMI (SAF), un acuerdo de financiamiento y asistencia técnica con una duración de 40 meses.
El SAF constituye uno de los principales instrumentos del FMI para apoyar a países que requieren ajustes estructurales en sus economías, como es el caso de El Salvador. En este contexto, el programa contempla un financiamiento de $1,400 millones, orientado a ordenar las finanzas públicas, fortalecer las reservas del país y sentar las bases para una estabilidad financiera sostenible. Este acuerdo quedó formalizado mediante una carta de intención suscrita por las autoridades del Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Hacienda, la cual fue remitida al organismo internacional.
La Asamblea Legislativa ratificó dicha carta el 27 de febrero de 2025, asumiendo desde el inicio una postura de respaldo al proceso de reordenamiento fiscal. Con esta aprobación, el Órgano Legislativo se integró activamente a la ejecución de las metas establecidas, entre ellas el incremento del Producto Interno Bruto (PIB) en un período de tres años, el fortalecimiento de las reservas nacionales y la consolidación de la estabilidad macroeconómica.
En el marco del acuerdo, el FMI recomendó la adopción de medidas específicas, como la racionalización del gasto en salarios, la priorización de la inversión social y en infraestructura, así como la aprobación de reformas legales destinadas a eliminar obstáculos que limitan el crecimiento económico. En este último aspecto, la Asamblea tuvo un rol central al aprobar distintos decretos alineados con los compromisos asumidos por el país.
Entre las medidas más relevantes destaca la reforma a la Ley Bitcoin, mediante la cual se eliminó la obligatoriedad del uso de esta criptomoneda como medio de pago. Asimismo, el 10 de junio de 2025 fue aprobada la Ley de sostenibilidad fiscal, que establece una regla progresiva de responsabilidad fiscal, fijando límites de deuda del 80 % para 2030, 75 % para 2035 y 70 % para 2045, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas a largo plazo.
El trabajo legislativo también incluyó la aprobación de leyes orientadas a la atracción de inversión nacional y extranjera, mediante incentivos fiscales que promueven la generación de empleo y la dinamización de la economía. En materia de modernización y eficiencia administrativa, el congreso, con mayoría de diputados de Nuevas Ideas, avaló reformas al Código Municipal para eliminar el requisito de solvencia de impuestos municipales en la inscripción de sociedades y habilitar la emisión electrónica de dicho documento.
A ello se suma la aprobación de dos leyes relacionadas con el presupuesto anual del Estado, incorporando disposiciones de responsabilidad y austeridad fiscal. La acción más reciente fue la creación de la Ley especial para la prevención, control y sanción del lavado de activos, financiamiento del terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva, con el propósito de modernizar el marco legal y enfrentar de manera integral estos delitos.
El aporte de la Asamblea Legislativa fue reconocido por el FMI en su más reciente comunicado, en el que se destacó el respaldo del pleno a la normativa contra el lavado de dinero. Según el jefe de misión del FMI para El Salvador, señor Torres, esta legislación “armoniza el marco jurídico con las mejores prácticas internacionales”.
El organismo internacional también reconoció que la economía salvadoreña se expande a un ritmo mayor al previsto. De acuerdo con el último informe, se espera que el crecimiento del PIB real alcance alrededor del 4 % al cierre de este año, una meta cercana a cumplirse tras registrar un crecimiento del 5.1 % en el tercer trimestre de 2025, según datos del BCR, resultado atribuido a la eficacia de las medidas económicas implementadas.
El Pueblo Redacción