Luis Manuel Jule Salazar fue condenado a 10 años de prisión por el delito de extorsión agravada, luego de que el Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador encontrara suficientes pruebas para establecer su responsabilidad penal en perjuicio de una víctima que se encuentra bajo régimen de protección, a quien le exigió la entrega de $2,000 en efectivo.
La condena fue impuesta tras la validación de la prueba documental, testimonial y pericial presentada por la Fiscalía General de la República durante la vista pública, la cual permitió reconstruir los hechos y confirmar la participación directa del imputado en el delito.
De acuerdo con la acusación fiscal, el caso se remonta al año 2020, cuando un comerciante del municipio de Apopa, al norte de San Salvador, denunció ante las autoridades que Jule Salazar llegó hasta su establecimiento para informarle que debía entregar una suma de $2,000, dejando claro que se trataba de una extorsión.
Según el testimonio de la víctima, el ahora condenado lo amenazó de muerte en caso de no acceder al pago exigido y aseguró que actuaba en representación de la facción revolucionaria de la pandilla 18, con el objetivo de infundir temor y obligarlo a cumplir con la exigencia económica.
Tras conocer la denuncia, la Policía Nacional Civil dio aviso a la oficina fiscal de Apopa, la cual giró instrucciones a los investigadores para que, mediante técnicas especializadas, indagaran el hecho, documentaran las amenazas e identificaran plenamente al responsable del chantaje.
Durante el desarrollo de las pesquisas, las autoridades lograron verificar que el extorsionista era Luis Manuel Jule Salazar. Posteriormente, al ser detenido, la víctima lo reconoció plenamente como la misma persona que lo había intimidado y exigido el dinero bajo amenazas de muerte.
Las investigaciones fiscales también determinaron que el condenado no solo había extorsionado a esta víctima, sino que presuntamente mantenía bajo amenaza a otros comerciantes de la zona de Apopa, quienes por temor a represalias no se habían atrevido a denunciar los hechos ante las autoridades.
Con esta sentencia, las autoridades destacaron el trabajo coordinado entre la Fiscalía General de la República y la Policía Nacional Civil para llevar ante la justicia a quienes cometen este tipo de delitos, reiterando el llamado a la población a denunciar la extorsión como un paso fundamental para combatir este flagelo.
El Pueblo Redacción