El Senado de México aprobó este miércoles una reforma legal que sanciona penalmente el comercio de vapeadores, cigarrillos electrónicos y dispositivos análogos, en una sesión marcada por un intenso debate que se extendió hasta casi la medianoche. La propuesta, impulsada por el partido oficialista Morena, obtuvo 67 votos a favor y 37 en contra, un resultado que confirma la voluntad del Gobierno mexicano de endurecer su postura frente a estos productos.
La reforma, que ya había sido avalada un día antes por los diputados tras una discusión igualmente acalorada, establece la prohibición total de la comercialización de cigarrillos electrónicos, vapeadores y cualquier sistema similar. Según explicó la líder del Senado, Laura Itzel Castillo, la medida busca cerrar vacíos legales que han permitido que estos dispositivos se promuevan como inocuos, pese a los riesgos que representan para la salud.
Desde Morena, los legisladores insistieron en que la prioridad es proteger a la población más joven, señalando que la industria ha logrado posicionar estos productos como alternativas seguras, a pesar de la falta de evidencia científica que respalde tales afirmaciones. La bancada oficialista sostuvo que las sanciones penales son necesarias para frenar el aumento del consumo entre adolescentes y jóvenes adultos.
Por su parte, los partidos de oposición expresaron fuertes críticas al proyecto, argumentando que la redacción de la ley es “ambigua” y podría abrir la puerta a interpretaciones discrecionales por parte de las autoridades. El Partido Acción Nacional (PAN) propuso como alternativa un marco regulatorio estricto que prohibiera la venta a menores de edad y garantizara el control sobre la producción, de modo que los consumidores tuvieran claridad sobre las sustancias contenidas en los dispositivos.
México se sumará ahora a un grupo reducido de países que no solo restringen el comercio de vapeadores, sino que además imponen sanciones penales por su distribución. Según datos oficiales, el número de usuarios creció de 975,000 en 2019 a 2.1 millones en 2023, una tendencia que las autoridades consideran alarmante y que contribuyó a impulsar esta reforma.
Tras la aprobación en el Senado, la iniciativa será remitida al Ejecutivo para su publicación y posterior entrada en vigor, con lo cual quedará formalmente prohibida la comercialización de estos dispositivos en todo el territorio mexicano.
El Pueblo Redacción