En una de las decisiones judiciales más significativas contra estructuras criminales, el Tribunal Quinto Contra el Crimen Organizado de San Salvador condenó a 35 integrantes de la Mara Salvatrucha a penas que oscilan entre los tres y 92 años de prisión, por delitos vinculados al crimen organizado en el municipio de San Marcos. Los hechos juzgados ocurrieron en la colonia 10 de Octubre y sectores cercanos, donde durante años operó una célula que ejecutaba extorsiones, planes de homicidio y tráfico ilícito de droga.
La condena más alta recayó sobre Omar Alvarenga Rodríguez, conocido como Sparky de Hollywood, cabecilla de la estructura criminal, quien fue sentenciado a 92 años de prisión. El juez lo encontró responsable de agrupaciones ilícitas, proposición y conspiración en extorsión agravada en perjuicio de cinco víctimas, así como actos preparatorios, conspiración y asociaciones delictivas. Su rol como líder fue determinante en la planificación y coordinación de múltiples delitos cometidos en la zona.
A otro de los miembros destacados, Moisés Rigoberto Vides Portillo, alias Snoopy, se le impuso una pena de 83 años de cárcel por proposición y conspiración en extorsión agravada, tentativa de homicidio agravado y asociaciones delictivas. Según la investigación, Vides Portillo coordinaba acciones delictivas, ejecutaba amenazas y tenía vínculos directos con células operativas encargadas de recolectar dinero producto de las extorsiones.
La tercera condena más alta fue para Mateo Humberto Castro, alias Chispa, quien recibió 70 años de prisión. El tribunal lo encontró autor de tráfico ilícito, proposición y conspiración en homicidio agravado, extorsión y agrupaciones ilícitas. Castro, según los fiscales, fungía como enlace entre diferentes sectores de la estructura y era quien manejaba información sobre los movimientos de víctimas y objetivos.
Los otros 32 integrantes de la estructura recibieron penas que van desde los tres hasta los 48 años de prisión, dependiendo del grado de participación en los delitos probados. El juez evaluó pruebas documentales, peritajes y testimonios de víctimas que fueron fundamentales para establecer el modus operandi de los pandilleros, quienes mantenían un control sistemático en la zona para presionar a comerciantes, residentes y transportistas.
Durante la fase de investigación, la Fiscalía General de la República utilizó la herramienta especializada de intervención de telecomunicaciones, autorizada judicialmente, mediante la cual se obtuvo evidencia clave. A través de escuchas telefónicas, los investigadores accedieron a conversaciones en las que los pandilleros planificaban atentados, detallaban cobros de extorsión y coordinaban el tráfico de drogas.
La sentencia marca un precedente en la lucha contra organizaciones criminales, evidenciando la efectividad de los mecanismos investigativos y la contundencia del sistema judicial para desmontar estructuras delictivas que durante años afectaron la seguridad y la convivencia en San Marcos y sus alrededores.
El Pueblo Redacción