El juez Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, convocó al gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, para el próximo 3 de noviembre, con el fin de que rinda cuentas sobre la denominada operación “Contención”, que dejó un saldo de 132 personas muertas, convirtiéndose en la más mortífera en la historia del estado.
De acuerdo con un comunicado del tribunal, el gobernador deberá presentar un reporte detallado sobre el grado de fuerza empleado y una justificación formal de la intervención, ejecutada el pasado martes con el objetivo de frenar al Comando Vermelho, considerada la principal facción criminal del país.
El magistrado también exigió que el informe incluya el número de agentes participantes, las armas utilizadas, así como las cifras oficiales de muertos, heridos y detenidos. Si bien el Gobierno estatal confirmó 119 fallecidos, la Defensoría Pública elevó el número a 132, entre ellos cuatro policías.
Asimismo, el STF solicitó al gobernador explicar las medidas adoptadas para garantizar la rendición de cuentas ante posibles abusos o violaciones de derechos humanos, incluyendo la actuación de cuerpos forenses, el uso de cámaras corporales y la atención a las víctimas y sus familias.
La exigencia del informe fue impulsada por el Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y respaldada por la Procuraduría General de la República (PGR), en el marco de la Alegación de Incumplimiento de un Precepto Fundamental, normativa mediante la cual la corte busca reducir la letalidad policial y asegurar el uso obligatorio de cámaras en uniformes y vehículos.
El Gobierno de Río de Janeiro aseguró que todos los agentes involucrados en la operación portaban cámaras corporales, y que la planificación requirió más de 60 días de trabajo de inteligencia, estudios de cartografía y despliegue táctico de tropas.
Además del gobernador, el tribunal convocó para el lunes al secretario de Seguridad Pública, Víctor César Carvalho; al comandante de la Policía Militar, Marcelo de Menezes; al jefe de la Policía Civil; y al director de la Superintendencia General de Policía Técnico-Científica. También deberán comparecer el presidente del Tribunal de Justicia estatal, el fiscal general de Justicia y el defensor público general del estado.
En medio de la controversia, el gobernador Cláudio Castro se reunió el miércoles con el ministro de Justicia, Ricardo Lewandowski, y anunció la creación de la Oficina de Emergencia contra el Crimen Organizado, un organismo que, según dijo, permitirá acciones “100 % integradas” entre los cuerpos de inteligencia y seguridad.
El Pueblo Redacción