El ramo de Seguridad Pública y Justicia será uno de los más fortalecidos en la Ley de Presupuesto General de la Nación 2026, con una asignación de $702,585,525, lo que representa un incremento de $113.6 millones en comparación con los $589,033,103 aprobados para 2025.
Entre las principales áreas que recibirán refuerzo se incluyen la Seguridad Pública, la administración del sistema penitenciario, el programa especial de combate a terroristas y la Unidad de Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación.
El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, señaló el pasado 30 de septiembre que este presupuesto “prioriza la inversión en las áreas estratégicas del Gobierno del presidente Nayib Bukele”, entre ellas educación, salud, seguridad, defensa, la primera infancia y el programa Crecer Juntos.
De acuerdo con el documento presentado, la Seguridad Pública dispondrá de $471.9 millones, destinados a fortalecer planes, programas y métodos estratégicos tanto operativos como administrativos. El objetivo es garantizar la seguridad nacional mediante el fortalecimiento de las dependencias policiales y una gestión eficiente y transparente de los recursos asignados.
El plan busca potenciar la eficiencia policial mediante el uso de tecnología avanzada, en concordancia con el Plan Control Territorial, para mejorar la capacidad de intervención en áreas de inteligencia, investigación técnica y científica, y seguridad rural, urbana y fronteriza. De esta manera, se pretende seguir reduciendo los índices de delincuencia, criminalidad y violencia, combatiendo el accionar de pandillas, crimen organizado y contrabando de mercancías.
Por su parte, la Administración del Sistema Penitenciario contará con $128.6 millones, enfocados en apoyar la reintegración social de los privados de libertad, prevenir la reincidencia delictiva y promover medidas alternativas al encarcelamiento.
El programa especial de combate a terroristas recibirá $15 millones, que permitirán dotar al Ministerio de Seguridad Pública y Justicia y a la Policía Nacional Civil de herramientas y mecanismos jurídicos para fortalecer la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Finalmente, la Unidad de Desarrollo de la Inversión para la Reinserción y Rehabilitación contará con $1 millón, que será destinado a la construcción, reparación y equipamiento de centros penales, así como al impulso del Plan Cero Ocio. Este plan busca implementar proyectos productivos que promuevan la formación ocupacional y la reinserción social de las personas privadas de libertad, mediante la fabricación de bloques de concreto y prefabricados destinados a la construcción de infraestructura pública prioritaria.
Con estas medidas, el Gobierno reafirma su compromiso de continuar fortaleciendo la seguridad pública, consolidando los avances alcanzados en la reducción del crimen y promoviendo la rehabilitación y reinserción social como parte integral de su política de seguridad nacional.
El Pueblo Redacción