La fuga de 20 pandilleros «de alta peligrosidad» de la organización Barrio 18, calificada como «terrorista» por Washington, ha desatado una grave crisis política y de seguridad en Guatemala. La evasión masiva desde la prisión Fraijanes II, cerca de la capital, ha generado duras críticas hacia el presidente Bernardo Arévalo y exigencias de renuncia para el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez.
La noticia de la fuga, revelada el domingo sin que el gobierno precisara la fecha exacta, ocurre en un contexto de aumento de homicidios y ha sido calificada de «inaceptable» por Estados Unidos.
El constitucionalista Edgar Ortiz dijo a la AFP que esta es «la crisis más grande del gobierno hasta el momento» y que ha generado un efecto «muy grande en materia de seguridad, pero también una crisis política importante».
Liderazgo en Cuestión por la Ausencia Presidencial
La controversia se agravó por el hecho de que el presidente Arévalo se encontraba en Europa, donde se reunió con el Papa León XIV, regresando al país el lunes por la noche. Analistas políticos criticaron la falta de una respuesta presidencial inmediata. «Han pasado 48 horas y no hay pronunciamiento presidencial en una crisis de este tamaño,» señaló Ortiz.
Mientras tanto, la presión política se centra en el Ministro de Gobernación, Francisco Jiménez. Distintas bancadas del Congreso, incluida la oficialista, han solicitado su renuncia al considerarlo directamente responsable. Aunque Jiménez destituyó al jefe del sistema penitenciario y a la dirección de Fraijanes II, ha descartado dimitir de su cargo.
Falla Estructural y Amenaza a la Seguridad Ciudadana
El analista Francisco Quezada, del CIEN, advirtió que la percepción de inseguridad ciudadana «va a crecer» debido a que estas personas están libres. Quezada destacó que la principal preocupación reside en que «no se logra establecer cuál fue la razón por la que [los pandilleros] salieron por la puerta principal» de la cárcel, evidenciando una falla «estructural» en el sistema penitenciario.
En respuesta a la crisis, el gobierno reforzó la vigilancia en las fronteras de El Salvador, Honduras y México y ofreció recompensas por la recaptura de los evadidos, de los cuales solo uno ha sido ubicado hasta ahora. Además, tres diputados, incluido el presidente del Congreso, propusieron acelerar la aprobación de una ley antipandillas que endurezca las penas, iniciativa que se suma al proyecto de ley y de construcción de una cárcel de máxima seguridad enviado previamente por el Ejecutivo.
El Pueblo Redacción