En la plenaria del jueves 31 de julio, los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron la salida oficial de El Salvador del Parlamento Centroamericano (Parlacen), una decisión histórica que, según las autoridades, busca poner fin a la protección que el organismo ha otorgado por años a políticos y exfuncionarios vinculados a la corrupción y el narcotráfico.
El Parlacen ha sido duramente criticado por servir como escudo para quienes buscan inmunidad a través del fuero parlamentario. Entre los casos más emblemáticos figura el de Roberto Silva Pereira, exdiputado del PCN, condenado en 2022 a 22 años de prisión por lavado de dinero y cohecho, tras haberse involucrado en operaciones ilícitas por $17.7 millones. Silva también fue vinculado al narcotráfico y al asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlacen, perpetrado en Guatemala en 2007.
Otro caso es el del exdiputado del FMLN, Eugenio Chicas, procesado por enriquecimiento ilícito por $130,768.14, quien fue arrestado en febrero pasado. Su compañero de partido, Jorge Schafik Hándal, también enfrenta una demanda por enriquecimiento por más de $182 mil.
Del partido ARENA, destaca el caso de Norman Quijano, condenado en 2024 a 13 años de cárcel por agrupaciones ilícitas y fraude procesal, por pactar con pandillas durante la campaña presidencial de 2014. Aunque permanece detenido por autoridades migratorias en EE.UU., aún figura como parlamentario del organismo regional.
El expresidente Mauricio Funes, quien también se refugió en el Parlacen tras concluir su mandato en 2014, fue acusado por el desvío de $351 millones durante su gestión. Aunque renunció a su escaño ese mismo año, logró huir a Nicaragua, donde vivió asilado hasta su fallecimiento en enero de este año.
La decisión de abandonar el Parlacen representa, según los diputados oficialistas, un compromiso con el combate a la impunidad y un rechazo claro a estructuras regionales que, en lugar de fomentar la integración, han servido como escondite para criminales con pasado político.
El Pueblo Redacción