La decisión de El Salvador de retirarse del Parlamento Centroamericano (Parlacen) no solo responde a casos locales, sino también al historial regional de protección a figuras señaladas por corrupción y narcotráfico. El organismo ha sido utilizado como una válvula de escape por exfuncionarios centroamericanos, que buscan escudarse tras el fuero parlamentario para evitar procesos judiciales.
Uno de los casos más sonados fue el del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, quien fue juramentado de manera virtual como diputado del Parlacen el 28 de enero de 2022, pese a enfrentar graves acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos. Sin embargo, debido a que en Honduras los legisladores no gozan de inmunidad, Hernández fue extraditado, juzgado y condenado a 45 años de prisión por corrupción y narcotráfico.
Otro ejemplo fue la juramentación en agosto de 2023 de Ricardo y Luis Enrique Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, como diputados suplentes al Parlacen. Ambos fueron requeridos por la justicia estadounidense en el marco del escándalo de blanqueo de capitales para la constructora brasileña Odebrecht. Su caso generó fuerte rechazo tanto en Panamá como a nivel internacional.
El guatemalteco Freddy Arnoldo Salazar Flores, también diputado del Parlacen, fue sancionado en marzo de 2022 por el Departamento del Tesoro de EE.UU. por su presunta participación en el cartel de los Huistas, grupo vinculado al narcotráfico en Huehuetenango y con nexos con cárteles mexicanos. Las autoridades estadounidenses lo acusan de almacenar y transportar embarques de cocaína para dicha organización criminal.
Estas prácticas han generado un amplio consenso sobre la urgencia de reformar o incluso desmantelar el Parlacen, ante la pérdida de legitimidad y su uso como plataforma para la evasión judicial. La decisión de El Salvador de cortar vínculos con este organismo se perfila como un precedente regional en la lucha por la transparencia y el fin de la impunidad.
El Pueblo Redacción