El Ministerio de Vivienda, como parte de la Mesa Técnica de Casos Colectivos, se desplegó la noche del miércoles a la zona costera del departamento de La Libertad para atender a habitantes de varios municipios afectados por la no entrega de escrituras de propiedad por parte de empresas lotificadoras.

La ministra, Michelle Sol, lideró este acercamiento con los miembros de las comunidades a quienes expresó el compromiso del Gobierno del presidente Nayib Bukele para brindarles seguridad jurídica, y responder a esta problemática que siempre fue invisibilizada por los gobiernos anteriores.

«Todos sabemos que el tema de las lotificaciones se ha prestado para estafas a nivel nacional. Ha sido un problema que nunca nadie lo abordó ni le dio el seguimiento que se le tenía que dar; sin embargo, el presidente Bukele dio todo su apoyo para resolverlo», dijo Sol.

La titular de Vivienda supervisó las atenciones brindadas a familias que han sido víctimas de estos engaños y no han podido obtener sus escrituras en una jornada que tuvo lugar en el sector de la playa Conchalío.

«Esta jornada forma parte de una serie de reuniones importantes que estamos teniendo a lo largo y ancho del país. No están solos, este Gobierno se compromete a darle continuidad a sus casos, de la mano del presidente Bukele. Poco a poco sus escrituras se les van a ir entregando», afirmó Sol.

También explicó que la recurrencia de estos casos, en los que los legítimos dueños de los lotes se ven privados de sus escrituras, llevó al Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, a promover la Ley Especial para la Regularización de Lotificaciones y Parcelaciones para Uso Habitacional, que brinda una vía para regularizar, legalizar y autorizar lotificaciones habitacionales.

En este sentido, la ministra también expresó que los lotificadores no realicen el proceso de legalización de manera voluntaria serán sujetos a un proceso judicial.

Con datos hasta el cierre de 2023, las acciones de la Mesa de Casos Colectivos beneficiaron a más de 350,000 familias que obtuvieron sus títulos de propiedad, una cifra que corresponde a casos registrados antes del 2012.

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