Con 60 votos, es decir, por unanimidad, el pleno de la Asamblea Legislativa aprobó ayer una serie de reformas al Código Penal y Código Procesal Penal que refuerzan las penas para quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, con el objetivo de garantizar la seguridad de los salvadoreños y prevenir accidentes. Estas reformas fueron propuestas por el Gobierno del presidente Nayib Bukele, quien ha puesto en marcha políticas para proteger a los ciudadanos y mejorar la convivencia vial.
«No estamos aprobando ningún tipo de impuesto nuevo, ningún cobro obligatorio; simplemente se está actualizando un tarifario, que tan necesario era. Si respetamos las leyes no va a haber ningún tipo de multa», explicó el diputado Frank Menjívar del partido Nuevas Ideas, destacando que la reforma tiene como fin sancionar de manera justa y efectiva a aquellos que ponen en riesgo la vida de otros al conducir de manera imprudente.
Una de las modificaciones más importantes al artículo 147-E del Código Penal establece que «también constituye conducción peligrosa el manejar un vehículo de motor, atentando de manera manifiesta contra la seguridad vial, así como habiendo consumido bebidas alcohólicas, drogas o cualquier tipo de sustancias estupefacientes, psicotrópicas o psicoactivas». De esta manera, la conducción bajo los efectos de sustancias será severamente sancionada, con penas que se incrementan de dos a cinco años para los conductores particulares, y de cinco a 10 años para quienes conduzcan vehículos del transporte público.
En caso de que el conductor peligroso cause lesiones a terceros o homicidio culposo, la pena podría aumentar hasta en 10 años para los conductores particulares y hasta en 15 años para los del transporte público. Este endurecimiento de las penas busca disuadir a los infractores y proteger a todos los actores viales.
Asimismo, la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial fue aprobada con 55 votos, con la intención de actualizar la categorización de infracciones y aumentar las multas de tránsito, con un enfoque claro en la seguridad vial. Entre las modificaciones, se destaca la prohibición total de conducir bajo los efectos del alcohol o cualquier sustancia que limite la capacidad de conducción. Además, los conductores que resulten positivos en las pruebas serán sancionados con multas graves, decomiso de la licencia y arresto.
La suspensión de licencia será por un periodo de 12 meses y afectará a todas las licencias del infractor, quien deberá tomar cursos de concienciación sobre los riesgos de conducir en esas condiciones para poder recuperar su permiso de conducir.
En cuanto a las multas, se revalorizó el tarifario, de modo que las faltas leves, que anteriormente eran multadas con $11.34, pasarán a $50. Las infracciones graves se incrementarán de $34.29 a $100, y las muy graves de $57.14 a $150. Las faltas muy graves incluyen la conducción bajo los efectos del alcohol y otras sustancias, negarse a realizar pruebas, y disputar la vía pública.
Además, se habilitará el uso de tecnología de cámaras de video instaladas en puntos estratégicos para detectar infracciones y aplicar fotomultas, las cuales serán notificadas a los conductores dentro de un plazo máximo de un mes.
Estas reformas demuestran el compromiso del gobierno de Nayib Bukele con la seguridad de los salvadoreños y la mejora de la cultura vial en el país. A través de la actualización de las leyes, se busca no solo sancionar, sino también educar y prevenir conductas irresponsables al volante, garantizando un tránsito más seguro para todos.