René Martínez Pineda (@ReneMartinezPi1)
Sociólogo y Escritor (UES-ULS)
Especialmente en este tema, es inevitable partir la siguiente premisa: en materia de seguridad para las víctimas, casi nada se le puede refutar a Nayib Bukele, y quienes lo hacen es porque quieren volver al pasado o tienen familiares presos por pertenecer a las pandillas. Al analizar el pasado de violencia galopante que sufrió el país en las tres décadas que llamo “Era de la Gran Delincuencia” (iniciada por el ignoto “pandillero cero”), hay que incluir las implicaciones y factores en torno al crimen: sus actores (activos y pasivos), los factores predisponentes y las atenuantes, de haberlas, y de tener el peso suficiente para ser consideradas como tales al compararlas con los resultados del delito cometido. Ese pasado de sangre (sociedad del miedo) tuvo su punto más álgido y precipitante cuando los líderes de las pandillas fueron juramentados, a solas, como “funcionarios invisibles del Estado y encomenderos políticos de los partidos”.
Para normalizar su poder y darles un halo sociocultural divino (factor perpetuante de la impunidad), los líderes de las pandillas fueron ungidos -por el sacerdote Fabio Colindres- como “pecadores sin pecados”, a quienes había que lavarles y besarles los pies, y eso provocó que la realidad del crimen tuviera círculos imprevistos grotescos (más que la tasa de homicidios de tres dígitos, y más que los seis mil seiscientos cincuenta y seis muertos de 2015), siendo el más grotesco que las víctimas fueran revictimizadas en la lógica oprimido-opresor, al ser forzadas a convertirse en victimarios para no perder la vida o no ser despojadas de su casa.
La idea anterior la he planteado en varios artículos, afirmando que es un tema complejo y denso, pues implica aspectos de control social, justicia restaurativa, imperativos morales, valores consensuados y hábitus colectivo. En el contexto de la complejidad del problema de la delincuencia criminal, habría que incluir como delito el ritual de lavarles y besarles los pies a los líderes de las pandillas, ya que ese acto, aparentemente religioso, fue en verdad una tétrica normalización y legitimación de las pandillas, lo que sociológicamente se puede definir como una apología de éstas desde lo cultural intangible.
En esa línea, para la sociología del crimen y castigo (criminología sociológica) el que unas personas hayan sido forzadas a cometer un delito (lo que hay que demostrar, sin lugar a duda, para que no se beneficien los delincuentes por voluntad propia), bajo coerción abrumadora, amenaza a la vida (propia o de la familia) y fuerza presencial devastadora (potestas in Omnia), no deben ser marcados como delincuentes típicos. Entonces, hay que acuñar un término sociológico: “delincuente en defensa propia” (quien no deja de ser culpable, pero tiene fuertes atenuantes en el cumplimiento de su pena), lo que equivale a una revictimización bajo la lógica oprimido-opresor. Ahora bien, cuando se trata de delincuentes que, por cruentos y despiadados, entraron al terreno del terrorismo (aunque sea de forma marginal), todas las valoraciones, pertinencia y atenuantes tienen otra dimensión, pues no es lo mismo “colaborar” para cometer un robo, que hacerlo para darle operatividad a crímenes, masacres, extorsiones, violaciones y expropiaciones.
Partiendo de esa salvedad, la sociología del crimen y castigo pone distancia entre el criminal que actúa por libre albedrío y conocimiento de causa para obtener más poder (social, cultural o pecuniario), y aquel que es “obligado” (víctima-victimario) a ser un instrumento del crimen, siempre y cuando su colaboración sea más bien marginal y, sobre todo, no se beneficie de él, pues en ese momento pierde su calidad de “obligado a cometer un delito”. Forzar a alguien para que sea parte orgánica de un delito sólo es posible cuando existe una relación inequitativa de poder entre victimarios y víctimas (tal es el caso de las pandillas y los narcotraficantes), debido a que la víctima pierde su capacidad de decisión. Sociológicamente, la víctima se ve obligada a ser victimario (o a colaborar con él), y ese es un atenuante, siempre y cuando no llegue a ser parte voluntaria (por mala adaptación cultural o afán de lucro) de la autoría material directa de un crimen, pues pasa de ser obligada, a ser beneficiaria directa o indirecta. Al respecto, la sociología plantea que, en territorios controlados hegemónicamente por grupos criminales, éstos operan como un «Estado paralelo» o gobierno barrial.
Hay que señalar, como arista del imperativo moral, que miles de salvadoreños no se doblegaron a la pandilla y prefirieron emigrar para no convertirse en victimarios, y esa fue una actitud noble que hay que ponderar para tomar una decisión. Marmeládov, curioso personaje de “Crimen y castigo” (Fiódor Dostoyevski) dijo: “En la pobreza, uno conserva la nobleza de sus sentimientos innatos; en la indigencia, nadie puede conservar nada noble”. Y no hay peor condición de indigencia social que vivir en un país dominado por los criminales.