El Gobierno del presidente Nayib Bukele, a través del Ministerio de Vivienda (MIVI), ha logrado frenar las estafas inmobiliarias vinculadas a la corporación Argoz y avanza en la regularización de terrenos para devolver la certeza jurídica a más de 80,000 familias a escala nacional. Las acciones estatales se producen luego de que el Tribunal Tercero contra el Crimen Organizado de San Salvador impusiera penas de hasta 199 años de cárcel a los ejecutivos de la empresa por delitos de lavado de dinero, agrupaciones ilícitas y estafa agravada.
De acuerdo con datos oficiales del MIVI, la corporación Argoz —fundada en 1980— está asociada al 80 % de las lotificaciones con problemas de regularización en El Salvador. De ese universo, más del 90 % de los inmuebles habían sido cancelados en su totalidad por los compradores, acumulando un monto superior a los $147 millones que fue utilizado de manera fraudulenta sin que las familias recibieran sus correspondientes títulos de propiedad.
Para contrarrestar el impacto de estas irregularidades, el Sistema de Vivienda, liderado por la ministra Michelle Sol, ejecuta procesos de legalización mediante la Dirección de Legalización de la Propiedad (DLP). La calificación de los proyectos como obras de «interés social» ha permitido reducir en un 75 % los aranceles de escrituración e inscripción en el Centro Nacional de Registros (CNR), estimando una recuperación patrimonial aproximada de $10,000 por cada lote entregado.
Las entregas de escrituras se han concretado en diversos puntos del país, beneficiando a comunidades de Sensembra y Lolotiquillo en Morazán, Santiago Texacuangos en San Salvador Sur, y Jucuarán en Usulután Este. La ministra Michelle Sol destacó que la mayoría de los títulos de propiedad quedan inscritos formalmente a favor de mujeres jefas de hogar, consolidando la seguridad patrimonial de las familias y saldando compromisos históricos en los territorios.