Durante décadas, la vocación de los promotores de salud en El Salvador fue una profesión de alto riesgo, donde el estetoscopio y el termo de vacunas convivían diariamente con la sombra de las pandillas. Testimonios como el de Carmen, una veterana con más de 30 años de servicio en Panchimalco, revelan la crudeza de una época en la que cumplir con la misión de pesar niños o atender embarazadas requería pagar extorsiones de hasta $150 bimestrales bajo amenaza de muerte. David López, coordinador de la Unidad de Atención Comunitaria del Ministerio de Salud, señala que la zozobra era tal que entre 200 y 300 promotores renunciaban anualmente, huyendo de un entorno donde colegas como «el Chele Beto» fueron asesinados en cumplimiento de su deber, incluso portando el uniforme que debía ser su escudo.
La implementación del régimen de excepción en marzo de 2022 ha marcado un punto de inflexión definitivo para los 3,000 promotores que componen la planilla nacional. Relatos de secuelas físicas, como la pérdida parcial de audición de Carlos tras quedar atrapado en un tiroteo cerca del río Acelhuate, contrastan con la tranquilidad actual que permite recorrer caseríos y veredas sin el interrogatorio de grupos criminales. Hoy, el personal de salud respira un aire de libertad que les permite enfocarse exclusivamente en la prevención de enfermedades y el bienestar social. Para estos trabajadores, la seguridad actual no es solo una estadística, sino la garantía de que podrán regresar a casa tras salvar vidas en los lugares más recónditos del país.