Autoridades de la Universidad de El Salvador (UES) desestimaron públicamente los señalamientos en su contra, luego de ser consultadas por la prensa sobre una denuncia interpuesta ante el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG).
El rector, Juan Rosa Quintanilla, y la vicerrectora académica, Evelyn Beatriz Farfán Mata, fueron abordados por periodistas sobre las acusaciones que apuntan a presuntos actos de nepotismo, soborno y malversación de fondos durante la actual gestión.
Al respecto, la vicerrectora Farfán aseguró que no existe conocimiento oficial sobre la denuncia y sugirió que este tipo de situaciones suelen surgir en contextos electorales dentro de la universidad. “No conocemos oficialmente nada al respecto… en periodos en los que estamos por entrar a nuevos procesos electorales, este tipo de situaciones no son extrañas”, expresó, al tiempo que lamentó que estos señalamientos afecten particularmente a mujeres en espacios de participación.
Por su parte, el rector Quintanilla evitó referirse a aspectos personales y señaló que serán las instituciones correspondientes las encargadas de investigar. “De mi vida privada no hablo… pueden preguntarme de la universidad. Están los organismos competentes para investigar lo que corresponda”, afirmó.
En los últimos días, el rector de la Universidad de El Salvador, Ing. Juan Rosa Quintanilla, y la vicerrectora académica, Evelyn Farfán, han sido señalados de mantener una supuesta relación sentimental desde el inicio de sus funciones como máximas autoridades de la institución.… pic.twitter.com/MeEfyDRhpj
— Telenoticias Megavisión (@TelenoticiasGMV) March 20, 2026
La denuncia presentada ante el TEG señala a ambos funcionarios por una serie de presuntas irregularidades. Entre ellas, un posible conflicto de intereses derivado de una supuesta relación personal no declarada entre el rector y la vicerrectora, lo que —de comprobarse— podría implicar incompatibilidad de funciones dentro de la estructura jerárquica de la institución.
Asimismo, el documento hace referencia a presuntos beneficios recibidos de la empresa Huawei, vinculados a contratos de digitalización universitaria, incluyendo viajes internacionales que podrían constituir dádivas indebidas. A esto se suma el señalamiento sobre una posible malversación de fondos públicos que superarían los $15 millones, recursos que originalmente estaban destinados a gratuidad educativa, investigación científica y escalafón docente.
De igual forma, se cuestiona la creación de plazas sin procesos de concurso y el uso de fondos para viáticos y actividades denominadas como “turismo académico”. La denuncia también solicita a la Corte de Cuentas de la República la realización de una auditoría especial sobre recursos asignados a investigación, que según algunas facultades no habrían sido ejecutados conforme a lo establecido.
Hasta el momento, el Tribunal de Ética Gubernamental no ha informado sobre la admisión formal del caso ni sobre posibles diligencias iniciales.
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