El Gobierno de El Salvador dio un paso significativo en el fortalecimiento de la seguridad pública en el Reparto La Campanera, en Soyapango, con la transferencia de un inmueble que será destinado a la instalación de una delegación de la Policía Nacional Civil (PNC). La decisión se concretó luego de que la Asamblea Legislativa aprobara, con 59 votos, el decreto que autoriza al Fondo Social para la Vivienda (FSV) entregar el predio al Ministerio de Seguridad y Justicia.
El inmueble, ubicado en el lote 27, polígono 18, del Reparto La Campanera, cantón El Limón, distrito de Soyapango, será utilizado para construir una sede policial que funcione como centro estratégico para garantizar la presencia institucional, prevenir delitos y brindar respuesta inmediata ante emergencias. El decreto también establece que el FSV será el responsable de liquidar las obligaciones municipales pendientes, mientras que el Ministerio de Seguridad actualizará los registros administrativos ante la alcaldía correspondiente.
Durante décadas, los residentes del Reparto La Campanera vivieron bajo el control de grupos criminales que imponían reglas fuera de la ley, restringían el ingreso de la PNC y mantenían una convivencia marcada por el temor y la violencia. La zona llegó a ser conocida internacionalmente tras la difusión de un documental que reflejaba el impacto del dominio de las pandillas en la vida cotidiana de las familias salvadoreñas.
Sin embargo, con la implementación del Plan Control Territorial y el régimen de excepción impulsado por el presidente Nayib Bukele, la realidad ha dado un giro sin precedentes. Analistas consultados destacan que ahora, con la captura de miles de pandilleros y el restablecimiento del orden público, es posible ejecutar proyectos que devuelven la tranquilidad, la convivencia y la dignidad a las comunidades.
Entre las acciones desarrolladas en La Campanera destacan la recuperación de viviendas que fueron utilizadas como centros operativos de estructuras criminales, la instalación de una casa comunal, la rehabilitación de espacios públicos y ahora, la llegada de una delegación policial como símbolo de seguridad permanente. La presencia de la institución será clave para asegurar que los avances sean sostenibles y que los habitantes puedan vivir sin miedo.
El inmueble entregado, valorado en $6,600, será el punto operativo desde donde las autoridades coordinarán patrullajes, atención ciudadana y actividades comunitarias que fortalezcan la confianza entre la población y la policía. El decreto aprobó que la delegación tendrá como función principal «brindar una respuesta rápida a las emergencias de la población residente en el lugar, así como prevenir acciones delictivas», consolidando un nuevo modelo de seguridad y convivencia.
Con esta iniciativa, el Gobierno reafirma su compromiso de seguir recuperando territorios históricamente marcados por la violencia, convirtiéndolos en espacios seguros, habitables y de esperanza para las familias salvadoreñas.
El Pueblo Redacción