Las autoridades de Seguridad informan que, en lo que va de 2025, no hay impunidad en casos de homicidio. De las 38 muertes violentas registradas entre el 1.º de enero y el 24 de junio, todas han sido esclarecidas y los responsables enfrentan procesos judiciales en distintos tribunales del país.
La disminución en la impunidad se atribuye a la sólida estrategia de seguridad implementada por el presidente Nayib Bukele desde junio de 2019. Según datos del Gabinete de Seguridad, en 2024 la tasa de impunidad en homicidios alcanzó una reducción histórica del 98.2 %, la más baja registrada en El Salvador.
Para este año se espera que ese porcentaje siga bajando gracias al trabajo conjunto de inteligencia policial y la Fiscalía. Entre los casos más recientes está el asesinato del 8 de junio en el cantón El Papalón, San Miguel Centro, donde Víctor Manuel Benítez Lazo disparó a la cabeza de la víctima, esposo de Rubidia de los Ángeles Castro Zúñiga.
Benítez Lazo cometió el crimen con la complicidad de Castro Zúñiga en el cantón El Gavilán, distrito de La Unión. Tras el disparo, la víctima aún estaba con vida y fue trasladada a una venta de repuestos en El Papalón, propiedad de Benítez Lazo, donde fue asfixiada hasta morir y luego enterrada.
Castro Zúñiga reportó la desaparición de su esposo el 10 de junio. Ambos tenían una relación amorosa desde hacía un año, pese a que la mujer se había casado con la víctima solo tres meses antes. La Policía explicó en la red social X que se trató de un homicidio pasional motivado por la relación extramarital de los capturados, quienes planearon el crimen para continuar su vínculo sin impedimentos.
DETENCIÓN DEL ASESINO DE UN EXCABO POLICIAL EN TACUBA
El 29 de mayo fue arrestado Henry Fernando Hernández Ascencio, señalado como el responsable de la muerte de un excabo policial ocurrida el 28 de mayo. Tras el reporte, la Policía activó el Protocolo de Resolución de Homicidios (PRHO), según informó el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.
Hernández Ascencio tiene antecedentes por pertenencia a grupos ilícitos y había sido liberado en abril de 2024. Su pena fue corta —dos años— debido a que al ser capturado en 2022 era menor de edad, por lo que la Ley del Menor Infractor le aplicó una sanción reducida.
El ministro Villatoro señaló que esta organización estaba compuesta por asesinos seriales y criticó que el sistema asumiera que con solo dos años de internamiento y programas de reinserción, el individuo se rehabilitaría, señalando que la realidad demuestra lo contrario.
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El Pueblo Redacción