Más de un centenar de investigadores de la Policía Nacional de Colombia están trabajando para esclarecer las razones detrás del atentado a balazos contra Miguel Uribe, aspirante presidencial, ocurrido el sábado, según informó el ministro de Defensa este domingo.
Durante un evento público en un sector popular de Bogotá, Uribe, de 39 años, recibió tres disparos, según informaron los paramédicos que lo atendieron. Actualmente, se encuentra recuperándose en una clínica tras haber sido operado.
Un joven de 15 años fue detenido como sospechoso del ataque; sin embargo, aún se desconoce quiénes serían los autores intelectuales del crimen.
«Hemos asignado más de 100 investigadores de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía y la inteligencia, para determinar lo antes posible quién está detrás de este atentado», declaró el ministro Pedro Sánchez, tras reunirse con el presidente Gustavo Petro y altos mandos de seguridad.
En la madrugada del domingo, Uribe salió con éxito de su primera cirugía, pero sigue en una etapa delicada de recuperación, informó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.
El menor que presuntamente disparó contra Uribe resultó herido en una pierna durante un enfrentamiento con los escoltas del senador. Está hospitalizado y se encuentra estable. El ministro aseguró que el joven habría sido manipulado por grupos criminales para ejecutar el atentado.
Uribe anunció en octubre su intención de postularse a la presidencia en 2026, como opositor del actual mandatario Gustavo Petro. Aunque la campaña electoral aún no ha comenzado oficialmente, varios aspirantes ya han iniciado actividades proselitistas.
Miembro del partido de derecha Centro Democrático, que aún no define candidato presidencial, Uribe es senador desde 2022. Anteriormente fue concejal y secretario de Gobierno en Bogotá. También compitió por la alcaldía en 2019, sin éxito.
Pertenece a una familia con historia política. Su madre, Diana Turbay, fue una reconocida periodista que fue secuestrada por Pablo Escobar y murió durante un intento de rescate militar en 1991.
El atentado ha sido condenado por varios gobiernos, entre ellos Estados Unidos, Italia, Ecuador, Chile y México, así como por la opositora venezolana María Corina Machado y otras figuras internacionales.
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