El Salvador continúa consolidando su modelo de seguridad ciudadana al mantener al alza la asignación presupuestaria destinada a la defensa y el orden público, destinando aproximadamente $1,037 millones dentro del Presupuesto General de la Nación 2026, lo que representa cerca del 2.9 % del Producto Interno Bruto (PIB) según registros del Banco Central de Reserva (BCR).
La inversión sitúa al país como el segundo de la región centroamericana con mayor asignación de recursos para este rubro, solo por detrás de Guatemala. Del total proyectado para el presente año, la cartera de Seguridad cuenta con $702.5 millones orientados a la adquisición de flotas vehiculares —incluyendo unidades eléctricas—, optimización de infraestructura policial e incorporación de tecnologías limpias como paneles solares en sedes operativas. Por su parte, el ramo de Defensa dispone de $334.6 millones, registrando un incremento del 6 % destinado a la modernización de equipamiento táctico, tecnológico y drones.
Este flujo continuo de recursos ha permitido sostener los resultados del Plan Control Territorial y el régimen de excepción, reduciendo la tasa de criminalidad hasta los 1.3 homicidios por cada 100,000 habitantes, muy distante de los registros críticos reportados en la década pasada.
Las autoridades del Gabinete de Seguridad han enfatizado que la robustez presupuestaria no solo garantiza el control territorial y el patrullaje conjunto entre la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada, sino que impulsa una transformación operativa hacia la modernización y la sostenibilidad institucional.