El Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas legales orientadas a endurecer de manera drástica las condiciones carcelarias para los integrantes de pandillas y estructuras del narcotráfico. Las nuevas disposiciones, adoptadas a solicitud del gobierno del presidente Nasry Asfura, replican las estrategias de control penitenciario implementadas en El Salvador.
La normativa aprobada establece el aislamiento estricto de los reclusos considerados de alta peligrosidad y la eliminación de medidas sustitutivas a la prisión preventiva para los procesados. Asimismo, las modificaciones al Código Procesal Penal determinan el traslado inmediato de los detenidos hacia centros penitenciarios de máxima seguridad desde el momento de su captura.
Las medidas se suman a la reciente declaración oficial que clasifica al Barrio 18, a la Mara Salvatrucha y a otras estructuras criminales como organizaciones terroristas. Las autoridades justificaron la intervención ante los altos índices de criminalidad en el país, donde la tasa de homicidios supera cuatro veces el promedio registrado a nivel global.
Con la entrada en vigor de esta legislación, el gobierno hondureño busca neutralizar la operatividad de los grupos armados desde el interior de los centros penales. Las instituciones de seguridad confirmaron que mantendrán los despliegues territoriales para garantizar la ejecución inmediata de las nuevas órdenes judiciales.