El Gobierno de Argentina emitió un decreto presidencial que prohíbe el ingreso al país de ciudadanos extranjeros que emitan mensajes de odio contra la nación o sus habitantes. La disposición legal contempla además la expulsión inmediata y la cancelación del estatus de residencia para quienes incurran en estas faltas en territorio argentino.
La normativa establece sanciones específicas para quienes dirijan agravios de forma oral o escrita, inciten a la violencia motivados por la nacionalidad o participen en ultrajes a los símbolos patrios. El Ejecutivo enfatizó que estas medidas buscan garantizar el respeto institucional y proteger la integridad de la ciudadanía frente a actos de discriminación.
El decreto entra en vigor de manera inmediata, a la espera de la correspondiente ratificación por parte del Congreso de la Nación. Desde la Presidencia se precisó que la medida responde a recientes manifestaciones de hostilidad detectadas a nivel internacional que atentan contra la dignidad del pueblo argentino.
Históricamente, la nación sudamericana ha mantenido una política de puertas abiertas y de garantía de derechos para la población migrante que cumple con el marco legal. Las autoridades reiteraron que la regulación promueve el ordenamiento jurídico y el respeto mutuo entre las naciones.