Los tribunales contra el crimen organizado instalados en El Salvador condenaron a más de 100 cabecillas y pandilleros pertenecientes a 59 estructuras de la Mara Salvatrucha y la Pandilla 18. Las sentencias colectivas, emitidas entre diciembre de 2025 y junio de 2026 en audiencias únicas, imponen penas severas de hasta 85 años de prisión para los principales fundadores y corredores de programas de estas organizaciones terroristas.
Los jueces encargados del caso aplicaron de manera estricta las reformas a la Ley Contra el Crimen Organizado, aprobadas por la Asamblea Legislativa tras la instauración del régimen de excepción. Bajo este marco jurídico, los juzgadores acumularon condenas máximas de 60 años por el delito de agrupaciones ilícitas, sumando años adicionales de cárcel por crímenes graves como extorsión, tráfico ilícito de drogas y feminicidio.
El informe oficial detalla que las resoluciones judiciales se distribuyen en sedes de las zonas central, occidental y oriental de la República, impactando el control territorial que ejercían estas células delictivas. Las condenas también alcanzaron a los denominados colaboradores y «homeboys», quienes recibieron penas de 20 a 30 años de prisión tras comprobarse su participación activa dentro de los grupos criminales.
Finalmente, las autoridades judiciales aclararon que las causas penales de estas 59 estructuras permanecen abiertas debido a que algunas organizaciones poseen hasta 2,000 integrantes pendientes de juicio. La Fiscalía General de la República dispone de un plazo de hasta 24 meses, prorrogable por un año más, para robustecer los expedientes con nuevas pruebas científicas que aseguren el total desmantelamiento de los grupos terroristas.
Redacción El Pueblo